Política

Defensa de Urrutia pide anular votación sobre su remoción

Cristian Navarro H.

Periodista

Suprema Urrutia
Juez Daniel Urrutia. Foto: Poder Judicial
El abogado Carlos Quezada cuestiona el procedimiento del pleno de la Corte Suprema y solicita investigar una presunta filtración del resultado a la prensa.

La defensa del juez Daniel Urrutia solicitó a la Corte Suprema anular la votación del 19 de octubre sobre su eventual remoción, al denunciar irregularidades en el procedimiento y una presunta filtración del acuerdo a medios de comunicación.

Mediante un incidente de nulidad procesal, presentado en la causa rol 1125-2026, el abogado Carlos Quezada Orozco pidió dejar sin efecto la votación y la vista de la causa, y realizar una nueva audiencia ante un tribunal sin inhabilidades para conocer el asunto.

El procedimiento de remoción se relaciona con un viaje al extranjero durante una licencia médica psiquiátrica. Según el escrito, Urrutia fue absuelto previamente en el sumario administrativo por la Corte de Apelaciones de Santiago.

CUESTIONAMIENTOS A LA VOTACIÓN

La defensa sostiene que 18 ministros participaron en la vista de la causa del 7 de septiembre, entre ellos cuatro suplentes. Sin embargo, afirma que el pleno votó el 19 de octubre sin el ministro Roberto Contreras, quien se encontraba haciendo uso de su feriado legal.

De acuerdo con la presentación, la comunicación de lo resuelto quedó pendiente hasta que Contreras entregara su voto. El abogado argumenta que este procedimiento alteró las reglas del Código Orgánico de Tribunales, que establecen el orden de votación según la antigüedad de los ministros.

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“El acto de la votación es un acto único, lo que puede diferirse es la firma, pero no la votación del acuerdo”, plantea el escrito.

Quezada también cuestiona declaraciones atribuidas a la presidenta de la Corte Suprema sobre la aplicación de esas normas. A juicio de la defensa, las circunstancias descritas vulneran el debido proceso y la imparcialidad del tribunal.

SOLICITUD DE INVESTIGACIONES

La presentación denuncia, además, que medios de comunicación difundieron una supuesta mayoría favorable a la remoción antes de que el tribunal comunicara oficialmente su decisión.

La defensa sostiene que una eventual filtración podría constituir una infracción administrativa y un delito. Por ello, pidió remitir los antecedentes a la Fiscalía Judicial y al Ministerio Público para que investiguen.

El abogado también solicitó un informe a la presidenta del máximo tribunal y la apertura de un término probatorio para acreditar los hechos denunciados. El documento contiene las alegaciones y peticiones de la defensa, sin incorporar una resolución de la Corte Suprema sobre ellas.

 

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