El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, abordó las dificultades legales que enfrenta el Ejecutivo para revertir la rebaja de condenas concedida a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La autoridad señaló que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, trabaja en una fórmula que permita revisar las 57 reducciones otorgadas durante la actual administración y las 256 registradas en el gobierno anterior.
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En conversación con Radio Cooperativa, Arenas explicó que el Presidente José Antonio Kast encargó a Rabat buscar alternativas para revertir los decretos, luego de que el Mandatario lo ratificara en su cargo pese a las críticas y las amenazas de una acusación constitucional.
El debate jurídico por la rebaja de condenas
Arenas sostuvo que uno de los principales obstáculos es determinar si la normativa que regula estos beneficios corresponde a una ley penal o a una disposición de administración penitenciaria. La diferencia es relevante para establecer si resulta aplicable la reforma de 2022, que excluyó a condenados por delitos sexuales contra menores de estos beneficios.
El subsecretario planteó que, a su juicio, se trata de una norma penal, porque modifica las condiciones de cumplimiento de una condena. Desde esa perspectiva, explicó que aplicar restricciones más gravosas a personas ya sentenciadas podría generar problemas jurídicos.
También recordó que, aunque durante la discusión parlamentaria el exministro Hernán Larraín sostuvo que la intención legislativa era que la normativa se entendiera como una regla de administración penitenciaria, los tribunales han mantenido mayoritariamente la interpretación de que se trata de una ley penal.
Por ello, Arenas reconoció que existe una controversia jurídica que deberá ser considerada al definir cómo proceder con la rebaja de condenas ya concedida.
Rabat debe definir la fórmula para revertir los decretos
Respecto de las alternativas que analiza el Gobierno, Arenas indicó que existen propuestas que contemplan una reforma constitucional y otras que consideran que ese cambio no sería necesario.
La decisión corresponde al ministro Rabat, quien deberá evaluar las opciones junto con los especialistas del Ministerio de Justicia. Según el subsecretario, Kast le solicitó que la propuesta no contemple excepciones para los condenados por delitos sexuales contra menores.
Arenas advirtió que revertir los beneficios ya concedidos representa una tarea compleja, debido a que no es posible dejar sin efecto automáticamente una decisión que ya produjo consecuencias jurídicas.
Pese a esas dificultades, aseguró que existe una voluntad política de avanzar y que el Ejecutivo buscará concretar.
