El subsecretario Luis Silva, firmó un decreto que permitió la salida anticipada de un hombre condenado por abuso sexual, mientras la Corte de Apelaciones de Valparaíso aún tramitaba un recurso de amparo presentado por el recluso. La decisión fue adoptada cuando Silva ejercía como ministro de Justicia subrogante.
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Según informó T13, el beneficiado es José Jaime Silva Olivares, de 64 años, quien recibió en octubre de 2021 una condena de cinco años y un día de cárcel por abuso sexual cometido en Quillota.
Aunque su pena debía finalizar en octubre de 2026, el hombre dejó la cárcel de Limache el pasado 24 de junio, luego de que se formalizara la reducción de su condena.
La rebaja se concretó mientras seguía el recurso judicial
Silva Olivares había solicitado acceder a los beneficios contemplados en la Ley 19.856, que permite reducir condenas a personas privadas de libertad que cumplen determinados requisitos de conducta sobresaliente.
La comisión encargada de revisar estos casos ya había aprobado la rebaja y establecido el 9 de enero de 2026 como nueva fecha de término de la pena. Sin embargo, al no concretarse su salida, el condenado recurrió a la justicia mediante una acción de amparo presentada en junio.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso comenzó a tramitar el recurso y solicitó información a Gendarmería y al Ministerio de Justicia para analizar los antecedentes.
No obstante, el 24 de junio, antes de que el tribunal emitiera una resolución, el subsecretario Silva firmó el decreto que hizo efectiva la rebaja de condena.
El documento justificó la decisión señalando que buscaba evitar una “judicialización innecesaria de materias ya resueltas”. Tras la firma del decreto y la liberación del interno, su abogado desistió del recurso de amparo.
El caso se suma a la polémica por las rebajas de condenas
La salida de Silva Olivares se suma a los casos de 56 personas condenadas por delitos sexuales que recibieron reducciones de sus penas durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
La medida ha generado cuestionamientos desde sectores del oficialismo y de la oposición hacia la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y ha abierto un debate sobre los criterios utilizados para conceder estos beneficios.
En ese contexto, también se ha planteado la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra el ministro. La actuación del subsecretario Silva y la decisión de formalizar la rebaja antes de que la Corte resolviera el recurso forman parte de los antecedentes que alimentan la controversia.
