El ministro Gonzalo Arenas, aseguró que el Gobierno desplegará gestiones para evitar que parlamentarios oficialistas apoyen la acusación constitucional impulsada por la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
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La postura del secretario de Estado surge luego de que diputados del oficialismo, como Marlene Pérez, Omar Sabat y Hotuiti Teao, manifestaran cuestionamientos a la permanencia de Rabat en el cargo. Pese a esas diferencias, Arenas sostuvo que ya existen conversaciones con las distintas bancadas y que esperan convencer a todos los legisladores de no respaldar la iniciativa.
«Estamos en conversaciones con todas las bancadas parlamentarias que apoyan al gobierno, hay muchos que necesitan o requieren mayores explicaciones o mayores antecedentes. Pero independiente de que haya parlamentarios que todavía no están convencidos de la defensa que está haciendo el gobierno del ministro Rabat, nosotros esperamos que con estos diálogos lleguemos a acuerdos importantes», señaló.
El ministro Arenas agregó que el Ejecutivo considera fundamental contar con el respaldo de los partidos que forman parte de la coalición y que está dispuesto a conversar directamente con cada parlamentario para exponer los argumentos del Gobierno.
En ese contexto, confirmó que tanto él como el ministro de la Segegob, José García Ruminot, y el Presidente José Antonio Kast han sostenido diálogos con legisladores para abordar la controversia.
El llamado de Arenas al oficialismo
El subsecretario también recurrió a un antecedente histórico para reforzar su llamado. Según planteó, desde 1990 no habría existido un parlamentario oficialista que votara a favor de una acusación constitucional contra un integrante de su propio Gobierno.
«Desde 1990, si mi informe no me falla, no hay ningún parlamentario de gobierno que haya votado a favor de una acusación constitucional contra su propio gobierno», afirmó.
Para el ministro Arenas, la discusión va más allá de las diferencias políticas y debe entenderse como un asunto de Estado. Por ello, pidió a los partidos y a sus representantes considerar ese antecedente al momento de definir su postura frente a la acusación contra Rabat.
Finalmente, descartó que el Ejecutivo esté exigiendo una adhesión política incondicional y sostuvo que el compromiso que espera de los parlamentarios está relacionado con el respeto a la institucionalidad.
«Aquí no le estamos pidiendo lealtad a un gobierno o a una decisión política, lo que estamos pidiendo es lealtad a la Constitución que todos los parlamentarios juraron o prometieron respetar», concluyó.
