Durante este jueves, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentará su informe ‘El miedo al delito en Chile’. En el cual, identifica una brecha creciente entre la victimización efectiva y el riesgo que la ciudadanía percibe de convertirse en víctima de la delincuencia.
Respecto a ello, el organismo sostiene que el miedo al delito constituye un problema público multidimensional, que no puede entenderse exclusivamente como una consecuencia de haber sufrido un ilícito.
Entre los factores que lo alimentan identifica las perturbaciones en los entornos barriales, los cambios abruptos en el orden cotidiano, el aumento de la violencia delictual y la evaluación crítica que realizan las personas sobre la capacidad del Estado para enfrentar los problemas de seguridad pública. Es decir, la percepción de desprotección institucional también contribuye a que la ciudadanía experimente temor.
Lea también: Bloqueo en San Antonio desvía el primer Cherry Express.
‘EL MIEDO AL DELITO EN CHILE’
Uno de los hallazgos que explican la preocupación del organismo es la distancia que se ha producido entre la victimización de los hogares y el riesgo percibido de ser víctima de un delito.
Según la serie histórica de la ENUSC, mientras en 2009 y 2010 la diferencia entre ambos indicadores era de nueve puntos porcentuales, en 2025 llegó a 31 puntos. Esto ocurrió porque la victimización de los hogares mostró una trayectoria oscilante, pero relativamente estable, mientras que el riesgo percibido creció de manera importante, especialmente desde la pandemia.
Para el PNUD, estas cifras obligan a revisar la manera en que se comprende y se enfrenta la inseguridad. De acuerdo con el estudio, el delito y el miedo están relacionados, pero no son equivalentes.
El segundo no es un mero síntoma del primero ni una ficción psicológica, se trata de una experiencia subjetiva multidimensional, que combina una dimensión emocional (la sensación de inseguridad), otra cognitiva (el riesgo percibido de victimización) y una conductual, expresada en las estrategias de autoprotección, evitación y restricción de actividades.
En esa línea, el organismo advierte que, si el temor no se aborda como un problema específico, las estrategias de seguridad corren el riesgo de dejar fuera una parte sustantiva de la experiencia de inseguridad que afecta a la población.
DESIGUALDAD DETRÁS DEL MIEDO
De acuerdo al estudio, dado a conocer por El Mostrador, el miedo al delito no se distribuye de manera homogénea. Su intensidad y sus consecuencias varían según el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, las experiencias de victimización y las características de los territorios.
“El miedo al delito restringe profundamente las libertades de las personas, desincentiva el uso del espacio público, incide en las dinámicas familiares, limita la autonomía de niñas, niños y adolescentes, y afecta las capacidades de las mujeres para desempeñar un trabajo remunerado o para acceder a puestos laborales con mejores ingresos”, dice Georgiana Braga-Orillard, representante Residente del PNUD en Chile.
El análisis estadístico de la ENUSC 2025 muestra que ser mujer y pertenecer a los tramos de mayor edad, especialmente desde los 40 años, se asocia con una mayor sensación de inseguridad y una mayor evitación de actividades cotidianas.
En contraste, pertenecer al grupo socioeconómico alto se relaciona con una reducción moderada de la sensación de inseguridad. Estas diferencias evidencian que el temor no depende solamente de la exposición al delito, sino también de los recursos materiales y sociales con que cuentan las personas para protegerse y enfrentar las amenazas percibidas.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Una de las dimensiones más relevantes del informe es el vínculo entre el miedo al delito y la evaluación que la ciudadanía realiza sobre las instituciones responsables de la seguridad.
Las personas expresaron una percepción crítica sobre la voluntad de los liderazgos políticos y la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia. En particular, manifestaron desconfianza hacia la política formal, a la que atribuyen prioridades electorales y falta de interés por los problemas cotidianos de la población.
Por ejemplo, “las personas consideran que Carabineros no llega cuando se les necesita, que los procesos de denuncia son excesivamente burocráticos y que no arrojan resultados. Además, perciben al sistema de justicia como excesivamente garantista, porque en lugar de resguardar los derechos de las víctimas protegería a quienes delinquen. Y creen que promueve la reincidencia y la impunidad de los delincuentes”.
La evidencia da cuenta de que cuando las personas consideran que el Estado no tiene capacidad para protegerlas, que las policías no llegan cuando se las necesita o que la justicia no ofrece respuestas, la sensación de desprotección se profundiza.
