Política

Caso Audios: CDE amplía querella contra Ángela Vivanco por arista Fundamenta

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Vivanco Fundamenta
Foto: Poder Judicial
La acción también se dirige a Gonzalo Migueles, y de los abogados Carlos Eduardo Lagos, Mario Andrés Vargas y Gabriel Moisés Silber.

Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una nueva ampliación de querella contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos en la arista «Fundamenta» del denominado Caso Audios.

La acción también se dirige contra la expareja de la exmagistrada, Víctor Gonzalo Migueles, por cohecho y lavado de activos, y de los abogados Carlos Eduardo Lagos, Mario Andrés Vargas y Gabriel Moisés Silber por los delitos de soborno y lavado de activos.

Todo esto deriva del proyecto inmobiliario «Egaña-Comunidad Sustentable» (Eco Egaña) que provocó unconflicto ambiental entre la inmobiliaria Fundamenta y vecinos de la comuna de Ñuñoa.

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Según el escrito del CDE, la empresa habría contratado por cuantiosos montos a los abogados del estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber para destrabar el conflicto y encontrar una solución y estos, sin asumir formalmente el patrocinio de la inmobiliaria, habrían realizado determinadas conductas ilícitas para conseguir resoluciones judiciales favorables.

PAGOS ILÍCITOS

Ahí aparece la exministra. De acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado, a través de Gonzalo Migueles esta habría recibido pagos ilícitos de Carlos Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber.

En ese contexto, la idea era que, mientras presidía la Tercera Sala de la Corte Suprema, Vivanco realizara gestiones y dictara resoluciones judiciales que beneficiaran directamente a Fundamenta.

En la querella del CDE que difundió Meganoticias, el organismo  también cuestionó lo que describió como una grave infracción a sus deberes de imparcialidad: la exministra no se inhabilitara de intervenir en estos asuntos, pese a mantener estrechos vínculos personales y económicos con el equipo legal de la inmobiliaria.

El texto expone, además, que los presuntos pagos ilícitos habrían sido disimulados mediante maniobras financieras y triangulaciones de fondos, lo que configuraría también el delito de lavado de activos.

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