Los exsoldados del Ejército, criminales condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, demandaron al Estado por $1.500 millones, bajo la excusa de «fuimos obligados». Reconocen haber participado en asesinatos y secuestros, pero sostienen que sus superiores los obligaron a actuar bajo amenazas de muerte. Ahora exigen una indemnización por los daños psicológicos que aseguran arrastrar desde entonces.
Los demandantes tenían entre 18 y 19 años cuando ocurrieron los hechos, entre 1973 y 1974. Cuatro participaron en los crímenes de 38 campesinos de Paine y el quinto fue condenado por dos secuestros calificados en Quinta Normal. Todos cumplen actualmente penas de prisión en Colina I.
Según una investigación publicada este sábado por BioBioChile, cada uno exige $300 millones por daño moral. Su argumento es que el propio Ejército los sometió a amenazas y maltratos para obligarlos a ejecutar órdenes criminales. Aseguran que aquellas experiencias marcaron sus vidas y provocaron consecuencias psicológicas, familiares y sociales que persisten más de cinco décadas después.
Los crímenes de Paine y el camión rojo
La historia de cuatro de los demandantes comenzó en octubre de 1973, pocas semanas después del golpe de Estado. Integraban un contingente militar que recorrió asentamientos campesinos de Paine en un camión Dodge rojo. Los soldados detuvieron a trabajadores agrícolas y los trasladaron hasta lugares apartados para ejecutarlos.
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El 3 de octubre, catorce prisioneros fueron conducidos hasta una quebrada en la cuesta Chada. El teniente Osvaldo Magaña, que dirigía el operativo, estableció dos señales mediante disparos de su pistola. La segunda indicaba a los soldados que debían abrir fuego contra los detenidos.
Trece días después, otro grupo de 24 campesinos fue trasladado hasta una quebrada cercana al lago Rapel. Allí se repitieron las ejecuciones y algunos sobrevivientes fueron rematados por los militares. La justicia estableció posteriormente la responsabilidad de los exconscriptos Juan Dionisio Opazo, Víctor Reinaldo Sandoval, Carlos Enrique Durán y Roberto Mauricio Pinto.
En junio de 2022, la Corte Suprema los condenó a diez años de presidio efectivo como autores de 38 homicidios calificados. Los cuatro reconocieron distintos grados de participación en los operativos. Sus declaraciones también permitieron reconstruir las circunstancias en que ocurrieron los asesinatos.
Obedecer las órdenes o arriesgar la vida
La demanda sostiene que los soldados no actuaron voluntariamente, sino sometidos a amenazas de sus superiores. Según los antecedentes recopilados por el reportaje, algunos oficiales intimidaban con armas a quienes mostraban resistencia. Los demandantes afirman que desobedecer podía significar su propia muerte.
Uno de los testimonios corresponde al exconscripto Jorge Saavedra, también condenado por los crímenes de Paine. Relató que un oficial le puso una pistola en el cuello cuando apuntó hacia un lugar distinto del indicado. El superior le ordenó disparar contra los prisioneros.
Otro testigo, Juan Quintanilla, conductor del camión utilizado en los operativos, describió amenazas similares. Según declaró, un superior le advirtió que, si no disparaba, terminaría junto a los detenidos. La demanda utiliza estos relatos para describir el ambiente de intimidación que, según sus autores, imperaba en la unidad militar.
En el caso de Opazo, el escrito plantea que enfrentó la alternativa de obedecer o exponerse a perder la vida. La defensa sostiene que esa presión excedía las obligaciones normales de disciplina militar. También acusa al Ejército de haber incumplido su deber de proteger a jóvenes que entonces eran menores de edad según la legislación civil chilena.
El quinto caso ocurrió en Quinta Normal
El quinto demandante es Gustavo Delfín Marambio Olmos, quien tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos por los que fue condenado. El 11 de septiembre de 1974 se encontraba destinado en instalaciones militares del Parque Quinta Normal. Esa noche fueron llevados al recinto Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres.
Ambos detenidos fueron golpeados y sometidos a graves agresiones por personal militar. Marambio reconoció haber participado en los golpes, aunque aseguró que lo hizo siguiendo órdenes. Según su declaración, el oficial Juan Segundo Martínez Oyanedel asesinó a uno de los prisioneros y luego le entregó el arma para que matara al segundo.
Marambio afirmó que se negó a cumplir esa orden y que el propio oficial terminó asesinando al detenido. Otros testimonios describieron amenazas armadas contra los subordinados que intentaban desobedecer. En mayo de 2024, la Corte Suprema condenó a Marambio a cinco años y un día de presidio efectivo como autor de ambos secuestros calificados.
Las secuelas psicológicas que alegan
Los cinco exconscriptos aseguran que las experiencias vividas durante su servicio militar les provocaron graves consecuencias emocionales. La demanda incorpora evaluaciones psicológicas que describen cuadros de depresión, crisis de pánico, angustia persistente y dificultades en sus relaciones personales. Algunos informes también registran antecedentes de comportamiento suicida.
Los demandantes atribuyen esos padecimientos a las amenazas de muerte y a su participación forzada en los crímenes. Sostienen que el daño no terminó cuando abandonaron el Ejército, sino que se prolongó durante décadas. Por ello solicitan que el Estado los indemnice por las consecuencias que atribuyen a las actuaciones de sus superiores.
Sin embargo, los propios informes advierten que todavía debe establecerse cuánto de ese sufrimiento corresponde a las amenazas denunciadas. También será necesario distinguirlo de las consecuencias de otras experiencias posteriores. El abogado Ricardo Bravo Cornejo reconoció que esa relación deberá acreditarse individualmente mediante antecedentes clínicos y evaluaciones especializadas.
Condenados que también reclaman ser víctimas
La defensa sostiene que las condenas penales no impiden que los exsoldados reclamen por los abusos que habrían sufrido. Su argumento distingue la responsabilidad por los crímenes cometidos contra terceros de las amenazas que atribuyen a sus superiores. En consecuencia, solicitan que el Estado responda por los daños que esas amenazas les habrían provocado.
La justicia ya examinó alegaciones de coacción durante los procesos penales por los crímenes de Paine. La ministra Marianela Cifuentes rechazó la eximente de fuerza irresistible o miedo insuperable respecto de algunos acusados. Consideró que no se había acreditado una amenaza suficiente para excluir su responsabilidad penal.
La nueva demanda plantea una cuestión diferente: si las amenazas y maltratos denunciados generan una obligación indemnizatoria del Estado. Los demandantes invocan antecedentes judiciales sobre responsabilidad estatal y sostienen que su acción no ha prescrito, justamente, alegan, por estar relacionadas a crímenes de lesa humanidad. La justicia deberá determinar si corresponde acoger sus pretensiones y reconocer los perjuicios reclamados. Sin perjuicio de ello, buena parte de la doctrina y legislación nacional e internacional, no aceptan la obediencia debida como eximente en crímenes de lesa humanidad.
Las víctimas que dejó la represión
Los hechos que originaron las condenas forman parte de uno de los episodios más graves de represión contra trabajadores agrícolas durante la dictadura. En Paine, 70 hombres fueron víctimas de desaparición forzada o ejecución política entre septiembre y noviembre de 1973. De ellos, 37 permanecen desaparecidos y 33 fueron ejecutados.
La mayoría eran campesinos vinculados a los asentamientos de la Reforma Agraria. Sus detenciones y asesinatos afectaron profundamente a familias que durante décadas buscan verdad y justicia. Las sentencias contra los exconscriptos forman parte de ese proceso judicial.
Los tribunales deberán resolver esa petición, mientras las condenas por los asesinatos y secuestros permanecen vigentes y las heridas siguen abiertas.
Ante la existencia de víctimas que continúan desaparecidas, surge una pregunta inevitable. Si los demandantes sostienen que sus superiores los obligaron a participar en aquellos crímenes, ¿qué antecedentes han aportado para esclarecer el destino de las víctimas y contribuir a romper el pacto de silencio?
Porque reclamar reparación por haber sido obligados a cometer esos crímenes también plantea una cuestión de responsabilidad frente a las familias que, más de medio siglo después, siguen buscando a sus seres queridos.
