La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella criminal contra el senador Juan Luis Castro (PS) por su eventual participación en la presunta falsificación de la firma de la senadora Ximena Órdenes para gestionar el retiro de su permiso constitucional.
La controversia se originó el martes, cuando el jefe de bancada del Socialismo Democrático gestionó el retiro de las autorizaciones que permitían a los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (IND-PPD) ausentarse del país para acompañar al presidente José Antonio Kast en su gira por sia.
Esto podía incidir en los quórums requeridos para algunas votaciones en la discusión del Presupuesto 2027.
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De acuerdo con información publicada por radio Bío Bío, la querella contra Castro fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y, entre otras cosas, contempla que se evalúe el desafuero del parlamentario.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la acción judicial, el senador habría intervenido en las gestiones o comunicaciones relacionadas con el retiro de estos permisos el pasado 17 de noviembre.
Fuerza Ciudadana solicitó que se investigue el origen del documento utilizado para tramitar el retiro del permiso de Órdenes, quién lo elaboró y de qué manera se incorporó la firma de la senadora.
Además, la querella busca esclarecer cuál habría sido la intervención de Juan Luis Castro en el procedimiento, si tenía conocimiento de una eventual irregularidad y si estos hechos tuvieron alguna incidencia en los quórums o resultados de las votaciones parlamentarias.
LO QUE SE SABE HASTA AHORA
De acuerdo con Emol, las solicitudes de retiro del permiso constitucional habrían sido enviadas a la mesa del Senado desde los correos institucionales de los parlamentarios y con sus respectivas firmas electrónicas.
Sin embargo, aún no se escalrece cómo se obtuvieron las firmas para concretar el trámite, puesto que a los computadores desde los que se administran las cuentas institucionales sólo pueden acceder funcionarios que forman parte de los equipos de cada senador.
Ayer, en tanto, los permisos de ambos parlamentarios volvieron a figurar como ingresados y el senador Pedro Araya (PPD) leyó una carta enviada por Órdenes. Ahí esta aclaró «de manera categórica que no he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido ningún documento en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi presentación con ese propósito».
Por su parte, el senador Rodolfo Carter (IND-Republicanos) pidió que los antecedentes fueran certificados y remitidos al Ministerio Público, puesto que, «más allá de las disputas que acabamos de escuchar y los discursos a la galería, lo que acaba de ocurrir a mi juicio constituye un delito eventual en el Senado de la República».
Castro en tanto, restó dramatismo a la controversia y aseguró que «ese tema reglamentario se solucionó ayer por la noche en conformidad con la propia interesada, así que eso es materia resuelta».







