El Juzgado de Garantía de Curicó declaró admisible una querella criminal por el delito de malversación de caudales públicos presentada contra la Municipalidad de Curicó y la Sociedad de Inversiones Tres Soles Ltda.
Esto, a raíz de la desaparición de un componente electrónico de alto valor de un automóvil que permanecía en el aparcadero municipal.
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QUERELLA CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE CURICÓ
La resolución, dictada el 27 de octubre pasado, ordenó remitir los antecedentes a la Fiscalía Local para iniciar la investigación correspondiente.
La acción judicial fue interpuesta por los propietarios y responsables del vehículo, a través de su abogada América Isabel Munita Zapata, y sostiene que el automóvil fue retirado de circulación por Carabineros, trasladado mediante una grúa hasta el recinto municipal.
Y, posteriormente, fue devuelto sin uno de sus componentes esenciales para funcionar: el computador del motor, conocido técnicamente como ECU (Engine Control Unit).
La admisibilidad de la querella constituye el primer paso procesal para que los hechos denunciados puedan ser investigados penalmente.
En términos concretos, significa que el tribunal estimó que la presentación cumple los requisitos legales para tramitarse y ordenó poner sus antecedentes en conocimiento del Ministerio Público.
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
Según los argumentos expuestos en la querella, los hechos se remontan al 2 de octubre de 2026, cuando un conductor que utilizaba el automóvil, patente JYXC-71, fue fiscalizado por Carabineros en Curicó.
El vehículo fue retirado de circulación y llevado mediante una grúa hasta el aparcadero municipal, por lo que la querella también identifica a Tres Soles Ltda. como la empresa responsable del traslado y pide investigar a funcionarios municipales y a quienes prestaron servicios de transporte y vigilancia.
Durante los días posteriores, el arrendatario del automóvil recibió alertas en su teléfono celular que indicaban que el motor estaba siendo encendido mediante la llave de contacto, pese a que el vehículo permanecía bajo custodia en el aparcadero.
Una vez pagada la infracción correspondiente y obtenida la orden judicial de devolución, el 14 de octubre la propietaria otorgó un poder notarial para gestionar el retiro del automóvil.
Sin embargo, al intentar retirarlo, el vehículo no pudo encender. De acuerdo con el relato de los querellantes, funcionarios del aparcadero intentaron ponerlo en marcha mediante un dispositivo auxiliar de batería, sin resultados.
Finalmente, el automóvil debió ser empujado para sacarlo del recinto y trasladado en otra grúa, contratada particularmente, hasta un taller mecánico de Quinta Normal, donde se estableció que faltaba la unidad de control electrónico del motor (ECU), componente indispensable para el funcionamiento del vehículo.
Su reposición fue cotizada en aproximadamente $1.500.000, según los antecedentes incorporados a la querella.
Según la acción legal, el aparcadero es administrado directamente por la Municipalidad de Curicó y no se encuentra concesionado ni externalizado.
SUSTRACCIÓN DE BIENES
La querella invoca principalmente el artículo 233 del Código Penal, que sanciona la malversación de caudales o efectos públicos y contempla también la sustracción de bienes pertenecientes a particulares cuando éstos se encuentran bajo custodia.
En términos sencillos, la figura busca sancionar al funcionario que sustrae bienes que tiene bajo su responsabilidad o que consiente que otra persona los sustraiga.
Para el caso de Curicó, los querellantes sostienen que el vehículo y sus componentes estaban bajo custodia municipal y que, por esa razón, corresponde investigar si quienes tenían el deber de resguardarlos incurrieron en alguna de las conductas sancionadas por esta norma.
Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público se encuentra la emisión de una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, la toma de declaraciones a los representantes legales de los querellados y al conductor que utilizaba el vehículo, además de la recopilación de registros audiovisuales.
También solicita identificar a las personas que tuvieron bajo su responsabilidad la custodia del vehículo, revisar los protocolos de funcionamiento del aparcadero, los registros de acceso, los turnos del personal, los controles de llaves y los libros de novedades.
La investigación deberá determinar cuándo y dónde desapareció el componente electrónico, quiénes tuvieron acceso al vehículo y si existió participación directa o negligencia de quienes tenían la obligación de resguardarlo.
