Los agregados presidenciales del Gobierno de José Antonio Kast reciben remuneraciones que van desde los $5 millones hasta superar los $12 millones mensuales por sus funciones en el extranjero. Las cifras reabrieron el debate sobre los nombramientos diplomáticos y el gasto público, especialmente tras las designaciones de la exministra Trinidad Steinert y del actor Luis Gnecco.
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Según antecedentes publicados por The Clinic, hasta octubre la administración de Kast mantenía a siete agregados presidenciales destinados a embajadas y organismos internacionales. Sus salarios presentan diferencias según el país y las funciones que desempeñan.
Entre las remuneraciones más elevadas figuran las de María Ángela Ruz y Manuel Galilea, quienes trabajan ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, Francia.
Ruz, abogada de profesión, recibe US$12.309 mensuales, mientras que Galilea, ingeniero comercial, percibe US$12.307. Ambos montos equivalen aproximadamente a $12,3 millones.
La lista continúa con Roberto Valdés, periodista destinado a la Embajada de Chile en Perú, quien recibe US$11.248 al mes. En España, el abogado Álvaro Pillado percibe US$10.938 por sus funciones.
Por su parte, Pablo Celedón, representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), obtiene US$6.208 mensuales, mientras que James Gatica, destinado a la embajada chilena en Argentina, recibe US$4.936.
La nómina también considera a Camila Jordán, quien cumple funciones en Ginebra, Suiza. Sin embargo, el portal de Transparencia no mostraba su remuneración al momento de la publicación.
Cuestionamientos por los nombramientos de Steinert y Gnecco
La información sobre los sueldos de los agregados presidenciales aparece en medio de las críticas por las recientes designaciones del Gobierno. Una de ellas corresponde a Trinidad Steinert, quien regresó al Ejecutivo para asumir funciones vinculadas a seguridad en Paraguay, después de dejar el Ministerio de Seguridad.
Su nombramiento generó reparos incluso entre sectores oficialistas, donde algunos cuestionaron el nuevo destino de la exministra y lo calificaron como un «premio de consuelo».
A esta controversia se sumó la designación del actor Luis Gnecco como agregado cultural en Reino Unido, confirmada por la Cancillería.
Ambos nombramientos provocaron cuestionamientos de la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (Adica). La organización advirtió sobre una eventual duplicación de funciones y puso en discusión estas contrataciones frente al discurso de austeridad fiscal que promueve el Gobierno.
Qué establece la normativa
La Ley 21.080, que modernizó el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2018, faculta al Presidente de la República para nombrar hasta 33 agregados a contrata que desempeñen funciones fuera de Chile.
La normativa establece que sus remuneraciones no pueden superar los montos correspondientes a funcionarios de Cuarta Categoría Exterior de la planta A, como primeros secretarios o cónsules de primera clase. Además, exige que los designados cuenten con experiencia y conocimientos de idiomas acordes con las responsabilidades que asumirán.
Los cuestionamientos por los agregados presidenciales no son nuevos. Durante el gobierno de Gabriel Boric, la designación de Carlos Berger como agregado cultural en España también generó controversia. En ese cargo, el funcionario llegó a recibir US$12.028 mensuales.
Una situación similar ocurrió durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, cuando el nombramiento de Florencia Lagos Neumann como agregada cultural en Cuba despertó críticas. Por esas funciones, percibía US$2.194 mensuales.
Así, las actuales remuneraciones y designaciones de representantes chilenos en el exterior vuelven a instalar la discusión sobre los criterios de nombramiento, las funciones diplomáticas y el uso de recursos públicos.







