La exministra María Trinidad Steinert pidió a la Contraloría dejar sin efecto el pronunciamiento que cuestionó su solicitud de antecedentes reservados a la PDI. En su presentación acusa errores jurídicos, indefensión y advierte que el criterio del organismo podría debilitar el control civil sobre las policías.
La ofensiva de María Trinidad Steinert contra el dictamen de la Contraloría General de la República ya no apunta solo a defender su actuación como exministra de Seguridad Pública. La presentación ingresada por la exautoridad busca instalar una discusión más amplia: hasta dónde puede llegar el nuevo ministerio en sus facultades de coordinación, supervigilancia y requerimiento de información reservada a las policías.
A través de una solicitud de reconsideración, Steinert pidió al organismo dirigido por Dorothy Pérez dejar sin efecto la conclusión del Dictamen D344, que estableció que el Oficio Reservado N.º 28 no se ajustó estrictamente a las atribuciones de la cartera y que, además, la entonces ministra habría vulnerado su deber de abstención.
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El caso se originó luego de que Steinert solicitara antecedentes a la Policía de Investigaciones sobre el traslado de funcionarios vinculados a una brigada especializada que participaba en una investigación por crimen organizado en Iquique, causa relacionada con el denominado Clan Chen. Antes de llegar al gabinete, Steinert se desempeñó como fiscal regional de Tarapacá, antecedente que Contraloría consideró relevante para cuestionar su intervención.
CUESTIONAMIENTO AL FONDO JURÍDICO DEL DICTAMEN
En su presentación, la exministra sostiene que Contraloría incurrió en errores de derecho al evaluar el nivel de detalle de la información requerida. A su juicio, el organismo fiscalizador no identificó una infracción legal concreta, sino que entró a revisar la conveniencia o intensidad de una decisión administrativa.
Steinert afirma que ese análisis corresponde al ámbito del mérito, espacio que, según su defensa, está fuera de las competencias de la Contraloría. También cuestiona la fórmula utilizada por el dictamen al señalar que su actuación no se ajustó “estrictamente” a sus atribuciones, pues plantea que un acto administrativo es legal o ilegal, pero no puede quedar en una categoría intermedia.
Uno de los puntos centrales de su defensa es la Ley 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública. La exautoridad sostiene que esa norma faculta expresamente a la ministra o ministro del ramo a requerir antecedentes a otros órganos de la Administración, incluso si estos tienen carácter secreto o reservado, bajo deber de confidencialidad.
Desde esa perspectiva, Steinert argumenta que el oficio fue enviado por conducto regular al director general de la PDI, Eduardo Cerna, y con carácter reservado, por lo que no habría existido divulgación ni uso indebido de información sensible.
“MI EXPERIENCIA NO ERA UN CONFLICTO DE INTERÉS”
La exministra también rechaza el reproche de Contraloría sobre el deber de abstención. Según su presentación, el dictamen no identifica cuál sería el interés personal, patrimonial o familiar que habría comprometido su imparcialidad.
Steinert sostiene que su conocimiento previo del crimen organizado en Tarapacá no constituía un conflicto de interés, sino experiencia profesional acumulada durante su paso por el Ministerio Público. Bajo esa lógica, advierte que interpretar lo contrario podría impedir que exfiscales, jueces o policías asuman responsabilidades públicas en materias de seguridad por el solo hecho de conocer investigaciones o fenómenos delictuales.
Como antecedente adicional, la exautoridad invoca declaraciones del director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados. Según la reconsideración, Cerna afirmó que el retiro de una prefecta general fue una decisión exclusivamente institucional, adoptada dentro de sus propias atribuciones, y que desde 2022 se habían tomado decenas de medidas similares.
Para Steinert, ese punto demostraría que ella no intervino en una decisión administrativa de la policía, sino que pidió conocer los fundamentos de una determinación ya adoptada.
ACUSA CRITERIO CONTRADICTORIO DE CONTRALORÍA
La presentación también cita fallos de las cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y Chillán, en los que se validó que órganos públicos soliciten información reservada cuando actúan dentro de sus competencias y mantienen el deber de secreto.
Con esos antecedentes, la exministra acusa a Contraloría de aplicar un estándar distinto al que habría defendido en causas donde fue el propio organismo fiscalizador el que solicitó información sensible a otras instituciones.
Steinert plantea que, si Contraloría pudo requerir nóminas identificadas y antecedentes reservados bajo deber de confidencialidad, el Ministerio de Seguridad también podía solicitar información individualizada a la PDI para ejercer sus funciones legales.
En esa línea, la exautoridad advierte que una interpretación restrictiva de las facultades ministeriales podría debilitar la subordinación de las policías al poder civil y abrir espacios de autonomía institucional que, a su juicio, las reformas recientes buscaron superar.
RECLAMO POR INDEFENSIÓN Y FILTRACIÓN
Otro de los ejes de la reconsideración apunta al procedimiento. Steinert afirma que el dictamen fue remitido a los diputados requirentes, al Ministerio Público, a la PDI y al actual Ministerio de Seguridad Pública, pero no a ella, pese a ser la persona directamente cuestionada.
La exministra sostiene que esa omisión afectó su derecho a defensa, considerando que el pronunciamiento tiene efectos políticos, laborales y reputacionales. Por ello pidió ser formalmente notificada y que todas las futuras resoluciones relacionadas con el caso sean comunicadas a sus abogados.
La presentación también cuestiona el origen del procedimiento, pues el oficio reservado se conoció públicamente tras una filtración. Steinert sostiene que Contraloría no habría explicado cómo accedió al documento ni adoptado medidas para esclarecer la divulgación de información que tenía carácter reservado.
A juicio de la exautoridad, resulta contradictorio que se cuestione el requerimiento formal de antecedentes, pero no la filtración que permitió que el documento llegara a la prensa.
PIDE ANULAR EL REPROCHE O ACOTARLO
Steinert busca que Contraloría anule la conclusión central del dictamen y declare que emitió el Oficio Reservado N.º 28 dentro de las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública.
Además, pide que el organismo establezca expresamente que no vulneró el deber de abstención y que comunique cualquier rectificación a los mismos destinatarios del pronunciamiento original.
De manera subsidiaria, en caso de que el organismo mantenga parte de sus reparos, pide que se precise que el cuestionamiento solo alcanza una solicitud específica de nómina de funcionarios, y no el conjunto del requerimiento enviado a la PDI. Además, busca que se aclare que el dictamen no constituye una declaración de responsabilidad personal en su contra.
Ahora la decisión queda en manos de la Contraloría, que deberá resolver si mantiene, modifica, complementa o deja sin efecto el pronunciamiento que abrió uno de los flancos más complejos para la exministra de Seguridad.
06/07/2026 🔴 ATENTOS | El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, se refirió a la posibilidad de una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, tras el dictamen de la Contraloría que la acusó de exceder sus atribuciones… pic.twitter.com/dKSDYP1eGG
— EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) July 6, 2026
