La Fiscalía de Bolivia ha acusado a Jeanine Áñez, expresidenta, por su participación en los eventos de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, donde murieron 20 personas y más de 200 resultaron heridas. La Fiscalía pide una condena de 30 años de prisión para Áñez, informó el diario El Deber.
Además de Áñez, la Fiscalía ha señalado a otras 17 personas, incluyendo colaboradores cercanos y ex altos mandos militares y de la Policía.
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Detalles de las acusaciones
Entre los acusados se encuentran ex ministros del Gobierno como Arturo Carlos Murillo, Luis Fernando López y Víctor Hugo Zamora. Se les acusa de «genocidio» y de afectar gravemente el derecho más importante, la vida.
La lista de acusados incluye líderes de las Fuerzas Armadas de ese momento, como el comandante jefe Sergio Carlos Orellana, el jefe del Estado Mayor Pablo Arturo Guerra, el inspector general de las Fuerzas Armadas Aldo Bravo Méndez y otros comandantes.
Contexto de la tragedia
En noviembre de 2019, hubo manifestaciones que fueron reprimidas duramente por las fuerzas de seguridad bolivianas. Ellos utilizaron la fuerza de manera excesiva, causando la muerte de civiles. Fueron amparados por un decreto que los protegía de ser enjuiciados por el uso excesivo de la fuerza.
Estos trágicos eventos ocurrieron poco después de que Jeanine Áñez se autoproclamara presidenta de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales. La renuncia de Morales y la crisis social que la acompañó llevaron a un motín en su contra por parte de sectores de la Policía y el Ejército.
Áñez asume el cargo
En ese momento, Áñez, quien era senadora, asumió el cargo primero como presidenta de la Cámara Alta boliviana y, más tarde, como presidenta del Estado. Estos actos se llevaron a cabo en la Asamblea Legislativa sin consenso ni la presencia mínima de legisladores.
