Pocas cosas pueden tener un impacto mayor que el secuestro de una persona en un episodio muy publicitado que incluyó el pago de un rescate. Si alguien quiso garantizar la alarma pública, lo consiguió con creces. Para peor, las señales comunicacionales fueron muy mal cuidadas.
Fue como si se quisiera promover la rápida expansión de una industria delictiva. En una especie de extensión de las recomendaciones que se dan ante un asalto con intimidación (“no ofrezca resistencia, entregue el dinero”), los voceros públicos aparecieron casi avalando la entrega del rescate (“lo primero es salvar la vida de la víctima”). Sin discutir la validez del criterio, se estuvo lejos de evaluar adecuadamente el impacto de estas declaraciones.
Lo que se entiende es un mensaje central: una vez que se secuestra a una persona, el control de los acontecimientos lo toman los delincuentes, los que dominan el escenario mientras la mantengan cautiva.
El mensaje no puede ser más nocivo. Importa mucho rectificar este error inicial que no se ubica en la acción policial directa, sino en el punto donde la labor del Estado se encuentra con la colaboración ciudadana.
El error básico que se ha cometido es poner el foco en las acciones inmediatas que se decida implementar para terminar con el secuestro. En cambio, lo que debe quedar claro para todos, la policía, los fiscales, las autoridades de gobierno y la opinión pública, es que ante este tipo de delitos los recursos disponibles del Estado se concentrarán en su resolución y castigo. La acción fiscal no se detendrá hasta la captura y condena de los victimarios.
Hay que comprometer la no impunidad garantizada. Los delincuentes deben temer una persecución que no termina, comprometida por un Estado que es capaz de cumplir con aquello que está primero en el ranking de lo intolerable.
Pocas veces nuestro país consigue este grado de determinación, pero esta situación lo justifica porque una democracia que no es capaz de defender a sus ciudadanos de una amenaza mortal se termina perdiendo.
¿Hemos mostrado esta resolución antes? Sí, en el caso de la violación de los derechos humanos. En el mundo hay muchas transiciones de dictadura a democracia, pero hay pocas como la chilena que pueden mostrar condenados y en la cárcel a parte de los agentes del Estado involucrados en los crímenes.
Las sanciones han tenido un efecto disuasorio verificable. En el estallido, sin ir más lejos, bien se pudo pedir una intervención más dura y violenta, pero los aludidos sabían que si hacían caso, las puertas de Punta Peuco se abrirían para ellos, no para otros. Esto no nos salva de todo exceso, pero es un factor que pesa. Que las sanciones se apliquen no es venganza, es una demostración de que, al final, la justicia llega y la impunidad termina.
Chile identificó un intolerable y si el cambio constitucional pone fin a esta determinación, lo que se pierde es algo muy importante. Ahora esa intolerancia ha de extenderse a la delincuencia homicida. Muchos no quieren un Bukele para Chile, pero serán menos si no nos preguntamos a tiempo qué estaba pasando en El Salvador antes para que un personaje como éste llegara al poder.
