Junto con reafirmar que votarán En contra en el próximo plebiscito, los partidos del oficialismo informaron a través de una declaración que no propiciarán un tercer proceso constitucional.
Adhirieron al comunicado el Partido Socialista, Partido Comunista, Convergencia Social, Partido por la Democracia, Revolución Democrática, Partido Liberal, Partido Radical, Partido Comunes, Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista.
«MIRADA DE PAÍS»
A juicio de los adherentes, la propuesta emanada del Consejo Constitucional «no resuelve los problemas de la gente».
«Nuestro compromiso es abordar con mirada de país la situación de seguridad, que existan reformas profundas para que el sistema penal funcione como tal y adecuadamente, permitiendo a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos», afirmaron.
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A su juicio, «con el aumento del presupuesto del próximo año, es urgente avanzar en acortar las listas de espera de salud y mejorar la instalación de los servicios locales de educación, de manera que nuestros niños accedan a la educación que merecen. Igualmente, las bajas pensiones de nuestros adultos mayores deben ser mejoradas ahora y no mañana, terminando con el abuso de las AFP, entre otras».
NO A UN TERCER PROCESO CONSTITUCIONAL
A juicio de los partidos de gobierno, a partir del 18 de diciembre -un día después del plebiscito-, «nos abocaremos a estas materias y somos enfáticos en reiterar que hoy no hay espacio para seguir discutiendo acerca de la Constitución».
«No propiciamos un nuevo proceso constitucional», especificaron.
«Iniciar un tercer proceso constituyente requiere de una reforma constitucional con quórum de 4/7, es decir, se necesitan votos de todos los sectores políticos, incluida la derecha. Desde ya, reiteramos que nuestros votos no estarán disponibles para tener hoy otro proceso constitucional», recalcaron.
También enfatizaron que el A Favor solo «genera incertidumbre, puesto que el texto del Consejo Constitucional mandata la creación de decenas de proyectos de ley, nuevos organismos que profundizan la burocracia estatal y, como han anticipado diversos juristas, genera un conflicto interpretativo que tardaremos décadas en corregir para dar mayor certeza jurídica a la inversión y tener las herramientas para enfrentar los temas que realmente le preocupan a Chile».
«Para cerrar este proceso y darle certezas a Chile, la única opción razonable es el voto En Contra», sentenciaron.
