Gobierno argentino presenta protocolo para enfrentar protestas. El nuevo protocolo autoriza a las fuerzas de seguridad a reprimir las protestas callejeras.
El nuevo texto revoca el «protocolo garantista de Nilda Garré» y establece que las fuerzas federales pueden intervenir en cualquier territorio sin orden judicial ante cortes de calles, rutas o puentes.
De la misma manera autoriza a las fuerzas de seguridad a identificar y sancionar a los responsables de las protestas, e incluso a crear un registro de las organizaciones que participen en las ellas.
El protocolo está sido ampliamente criticado por los organismos de derechos humanos y juristas, quienes advierten que pone en riesgo la libertad de expresión y la protesta pacífica.
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Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que la derogación del protocolo de Garré «limita la restricción del uso de la fuerza policial, permitiendo el ejercicio de la violencia contra los manifestantes».
Nilda Garré, exministra de Seguridad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, explicó que el protocolo de Garré se basaba en «la Constitución Nacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que aprobó Naciones Unidas en 1979».
«Prohibimos el uso de armas letales; las balas de goma solo se podían usar ante un peligro», sostuvo.
El constitucionalista argentino Andrés Gil Domínguez ha afirmado que aplicar el artículo 194 del Código Penal a una protesta pacífica es inconstitucional.
