Bullrich pone en marcha protocolo antipiquetes con fuertes críticas. La ministra de Seguridad puso en marcha este miércoles el controvertido protocolo antipiquetes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Las fuerzas de seguridad inspeccionaron colectivos y otros vehículos para verificar que ningún pasajero porte banderas o elementos que sugieran su participación en la movilización convocada para esta tarde en Plaza de Mayo.
Las acciones de las fuerzas de seguridad generaron críticas en las redes sociales, comparando el accionar con prácticas de la dictadura cívico-militar, especialmente por las requisas y solicitudes de documentos realizadas.
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El Ministerio de Seguridad difundió un video mostrando el despliegue de las fuerzas de seguridad en los principales puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires y algunas estaciones de tren. Este despliegue incluye efectivos policiales, cámaras de vigilancia, perros entrenados, y mensajes amenazantes en las pantallas de las estaciones, advirtiendo que quienes participen en paros este miércoles no recibirán beneficios sociales.
Los aspectos principales del protocolo de Bullrich son:
- Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán ante cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte, sin necesidad de orden judicial.
- Se considerará cualquier concentración de personas o vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas como impedimento al tránsito.
- El objetivo es despejar los accesos hasta dejarlos completamente liberados.
- Se usará la fuerza mínima necesaria y armas no letales, adaptadas a la resistencia de los manifestantes.
- Se identificará a los responsables de las protestas, así como los vehículos utilizados por los manifestantes.
- Los datos recopilados sobre los participantes en las protestas se remitirán al Ministerio de Seguridad.
- Si se observan acciones que puedan causar daño ambiental, se informará a la autoridad competente.
- El Ministerio de Seguridad podrá demandar judicialmente a organizaciones o individuos por los costos de los operativos para poner fin a las acciones ilegítimas.
- Se creará un registro de organizaciones y se registrarán los infractores identificados sin incluir sus nombres hasta que exista una resolución judicial.
El protocolo ha sido criticado por organizaciones sociales y políticas, que lo consideran una violación a los derechos de reunión y expresión. También ha sido rechazado por algunos sectores del oficialismo, que consideran que es una medida excesiva.
La ministra Bullrich ha defendido el protocolo, argumentando que es necesario para garantizar el derecho a la libre circulación y el orden público.
El país de la «libertad» de Milei: advertencia sobre manifestaciones de protesta. pic.twitter.com/BQersA04II
— Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) December 20, 2023
