Hoy, miembros de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) se dirigieron a la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría que permita fiscalizar el adecuado uso de los recursos públicos destinados al pago de pensiones de gracia concedidas a individuos afectados durante el estallido social.
La iniciativa de los parlamentarios busca que se audite el proceso de acreditación llevado a cabo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para otorgar dicho beneficio.
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En la iniciativa, participaron el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, junto con sus colegas Hugo Rey y Eduardo Durán.
En el documento presentado por los diputados, se expresa que «surge una legítima duda sobre cómo se acreditaron las circunstancias, dudas que adquieren mayor relevancia al considerar el impacto que estos informes tenían en la decisión final de otorgar las pensiones.
Por lo tanto, existe una necesidad evidente, con el objetivo de salvaguardar el interés fiscal y la integridad funcional, de llevar a cabo auditorías e investigaciones que proporcionen certezas sobre el adecuado uso de los recursos públicos».
INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
En este contexto, solicitan a la Contraloría «requerir la información pertinente al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el fin de determinar si el proceso de otorgamiento de las pensiones a víctimas del estallido social, previa acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cumplió con las normas y principios aplicables, auditando especialmente la integridad del proceso de acreditación de las 418 pensiones de gracia otorgadas conforme a dicho procedimiento».
«En su defecto, solicitamos auditar de manera aleatoria una muestra significativa de esas pensiones, remitiendo los resultados al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público en caso de observarse actos que puedan constituir delito», añaden los RN.
Además, durante la conferencia de prensa, el diputado Longton afirmó: «Hemos acudido a la Contraloría para que audite las 418 pensiones de gracia otorgadas a presuntas víctimas del estallido social, considerando que algunas de ellas, especialmente a la luz de los recientes antecedentes, podrían no tener acreditada su condición de víctima, sino únicamente su condición de delincuente condenado». Asimismo, declaró que es «inadmisible, inaceptable e indignante» financiar con recursos públicos a delincuentes a través de un proceso que consideran fallido por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Por su parte, Durán criticó la concesión del beneficio: «A personas que no merecen este beneficio, por el contrario, destruyeron al país y lo incendiaron. Todo con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que más bien parece el Instituto Nacional de los Derechos de los delincuentes (…) Por eso, hemos venido en nuestro papel de fiscalizadores para que la Contraloría investigue y podamos revertir definitivamente estos más de 400 beneficios otorgados a personas, muchas de las cuales no lo merecen».
