Este martes, el Presidente Gabriel abordó con cautela su decisión de cambiar de rumbo y revocar las pensiones de gracia por vía administrativa.
Esto ocurrió después de que el gobierno sufriera un golpe significativo el lunes en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Tras una compleja discusión, los parlamentarios rechazaron las indicaciones propuestas por La Moneda para modificar los procesos administrativos de otorgamiento de dichos beneficios.
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La determinación surge en respuesta a los cuestionamientos que enfrentó el Ejecutivo al revelarse los antecedentes penales de 41 pensionados de gracia durante el estallido social: 17 durante el gobierno de Sebastián Piñera y 24 en la actual administración.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien lidera la crisis junto a la ministra Carolina Tohá, afirmó desde el Congreso, después de una tensa sesión, que el Jefe de Estado tiene la intención de revocar el beneficio «lo antes posible» sin esperar la ley, utilizando la facultad administrativa.
DEBATE
En esta jornada, el Presidente señaló que el debate sobre las pensiones de gracia se ha centrado en que algunos beneficiarios tienen antecedentes penales, un factor que hasta ahora no se consideraba en la ley ni en el procedimiento para otorgar este beneficio. Destacó que este problema no es exclusivo de su gobierno, sino que también afectó a todos los gobiernos anteriores.
Posteriormente, Boric profundizó en su decisión, indicando que ha instruido a los organismos correspondientes para revisar casos donde no se tuvieron en cuenta los antecedentes al otorgar las pensiones. Anunció su intención de utilizar la facultad administrativa para revocar pensiones en casos de beneficiarios con antecedentes penales graves, como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico.
El Presidente subrayó que la falta de revisión de antecedentes está presente en todas las modalidades de pensiones de gracia y reveló que actualmente existen alrededor de 18,000 pensiones de gracia vigentes, la mayoría relacionadas con la pérdida de empleo debido a cambios en el modelo productivo del país.
También mencionó pensiones otorgadas por violaciones a los derechos humanos, incluyendo aproximadamente 50 casos con antecedentes penales.
