Diputado Castro solicita investigación por presunta contratación de defensa a inmigrantes irregulares. El diputado José Miguel Castro, de Renovación Nacional (RN), solicitó formalmente una investigación al gobierno sobre una presunta contratación millonaria para defender a migrantes irregulares.
La denuncia se basa en la circulación en redes sociales de una orden de compra por un monto de $235.200.000, destinado a contratar los servicios de un estudio de abogados para esta finalidad. La orden de compra, fechada el 22 de diciembre de 2023, habría sido emitida por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Castro, quien también forma parte de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, expresó su preocupación ante esta posible adquisición, que, de confirmarse, considera como grave y con un impacto significativo en la opinión pública.
«Los índices de criminalidad aumentan en el país y, en este contexto, resulta inaceptable que el gobierno esté contratando abogados para defender a personas que han ingresado de manera irregular al país», dijo Castro.
El diputado destacó que la Región de Antofagasta, que representa, es la segunda más afectada por el fenómeno de la inmigración irregular después de la Región Metropolitana. Castro señala que este fenómeno ha traído consigo problemas como el ingreso de personas con antecedentes delictivos, la presencia de organizaciones criminales y la ocurrencia de eventos de alta connotación social.
Iniciativa de ley que penaliza ingreso ilegal
Castro también destacó que esta supuesta adquisición contradice la voluntad del Órgano Legislativo y de la ciudadanía, ya que recientemente la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley que penaliza el ingreso clandestino al territorio nacional. La propuesta legal se encuentra actualmente en el Senado.
«El gobierno está dando señales contradictorias. Por un lado, aprueba una ley que penaliza el ingreso clandestino y, por otro, contrata abogados para defender a estas personas», dijo Castro.
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En virtud de estas preocupaciones, el legislador envió un oficio a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, solicitando información detallada sobre los fundamentos y circunstancias que explicarían la adquisición, el proceso de contratación, y la manera en que esta adquisición se destinaría a la representación legal de personas de nacionalidad extranjera imputadas por el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, asumiendo su eventual aprobación y vigencia como ley.
Castro ha instado a que las respuestas a estas preguntas sean «claras y transparentes», expresando su preocupación ante una posible contratación que considera «muy grave», especialmente en un momento en que avanza un proyecto de ley relacionado con el ingreso clandestino al país.
235 millones que estarán destinados a la contratación de abogados que se dedicarán exclusivamente a la defensa de migrantes en la región de Antofagasta por un período de 2 años a partir del 1 de enero de 2024 pic.twitter.com/bmoMEDtGG0
— LA RESISTENCIA P. WARTEMBERG (@pwartemberg1) January 15, 2024
