Desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se pronunció para explicar los pormenores del informe de Contraloría respecto a las pensiones de gracia otorgadas por el gobierno en el contexto del estallido social.
En este contexto, Manuel Monsalve atribuyó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la responsabilidad sobre el informe de antecedentes penales y médicos de los beneficiarios. «El certificado emitido por el INDH para todas las personas que reciben una pensión de gracia es detallado, indicando que, tras revisar los antecedentes, el INDH ha llegado a la conclusión de que las lesiones sufridas por las personas durante el estallido social son lo suficientemente graves como para ocasionar un perjuicio laboral.
«Todos los certificados expresan esto. La Contraloría, por lo tanto, cuestiona que en 19 casos considera que los antecedentes proporcionados por el INDH no son adecuados para verificar dicho perjuicio. En respuesta, el INDH ya ha entregado información adicional a la Contraloría en 9 de esos casos», señaló Manuel Monsalve.
INDH CULPA AL GOBIERNO
El día jueves el INDH, publicó un comunicado en el cual estableció: «Es importante señalar que todas las pensiones otorgadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por decisión de esa cartera, lo fueron en virtud de la glosa de personas afectadas en el contexto de las manifestaciones y no conforme a la de víctimas acreditadas por el INDH».
Dentro de sus indagatorias, descubrieron que para 10 de los beneficiados no se presentaron antecedentes médicos para respaldar el relato del postulante a la pensión de gracia.
