Ante el asesinato de dos agricultores en la Región de O’Higgins, por sujetos presuntamente vinculados a un grupo criminal conocido como «Los piratas del Tren de Aragua», se han generado diversas opiniones acerca de involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.
Por otro lado, los gremios agrícolas y de transporte han exigido medidas inmediatas al Gobierno para contener los problemas de seguridad que enfrenta el país.
Es esta situación la que ha llevado a un sector del gobierno y la oposición a coincidir en la necesidad de acelerar la aprobación de una ley que permitiría el despliegue de fuerzas militares sin declarar un Estado de Excepción Constitucional.
Declaraciones del subsecretario Monsalve
El reconocimiento del aumento de la violencia en la Región Metropolitana por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es inequívoco. Señaló que la cantidad de homicidios en los primeros 21 días de enero de 2024 superó la del mismo período del año anterior, estimando que un 37% de los casos podrían estar ligados al crimen organizado.
En respuesta a esta ola de violencia, Monsalve anunció la instalación de 50 puntos de control en las 15 comunas más afectadas. La ubicación de estos puntos no se ha hecho pública para no comprometer las operaciones de seguridad que incluirán a 11 oficiales especializados de Carabineros.
Además, se planea una inversión de 6.600 millones de pesos en equipos y tecnología para fortalecer las capacidades policiales, junto con la adquisición de 26 vehículos blindados y 30 drones.
Declaraciones del Presidente de la Federación de Agricultores de la VI Región
A pesar de estos esfuerzos, las medidas han sido insuficientes para el sector agrícola, que ha manifestado su descontento directamente al Gobierno.
Marcelo Fuentes, presidente de la Federación de Agricultores de la Región de O’Higgins, entregó una carta al Presidente exigiendo acciones concretas, señalando «trajimos una carta al Presidente de la República, no solicitándole medidas, sino exigiéndole, en un plazo de 48 horas, que convoque al Consejo de Seguridad Nacional, que cierre las fronteras, que respalde todo lo que tiene que respaldar a las familias de los agricultores, ya que hemos visto ausencia del Gobierno”.
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Autoridades oficialistas que apoyan la participación de las Fuerzas Armadas
Por otro lado, hay parlamentarios que, aunque no están a favor de medidas extremas, reconocen la necesidad de abordar el problema de la seguridad con estrategias más sofisticadas y especializadas, poniendo énfasis en desmantelar el modelo de negocio del crimen organizado.
El diputado Raúl Soto (PPD) descarta el uso de amenazas y ultimátums como método, aunque coincide en la necesidad de apoyar las acciones policiales con contingente militar, indicando que “hay que utilizar contingente militar para complementar los esfuerzos de las policías en materia de seguridad”.
Por otro lado, Raúl Leiva (PS) de la Comisión de Seguridad de la Cámara, describe la situación de seguridad como extremadamente compleja, resaltando que no existen soluciones inmediatas a una problemática tan arraigada. Resalta que el enfoque no debería estar únicamente en la presencia militar en las calles, sino en atacar las estructuras de negocio del crimen organizado con métodos de investigación más avanzados. Reconoce, sin embargo, la efectividad del resguardo de infraestructura crítica, una medida que según reportes ha dado resultados en el norte del país y ha recibido suma urgencia en el Senado.
Jaime Araya, parlamentario independiente del PPD, expresó su empatía con las preocupaciones de los transportistas y entiende la frustración que genera la falta de control, «yo vivo en el centro de Antofagasta, que es tierra de nadie, donde hay mínimos controles, por lo que siento la misma rabia e impotencia que los camioneros, pero tengo claro que un paro no arregla el problema, al revés, lo agrava” indicó.
Araya opinó además que más allá de los esfuerzos gubernamentales, se debe reflexionar sobre nuevas estrategias para enfrentar esta multifacética crisis.
Junto a ello, argumenta que el gobierno debe priorizar la seguridad como parte de su legado, promoviendo un país libre de amenazas del narcotráfico y el terrorismo. Además, Araya ha sido uno de los proponentes de utilizar la infraestructura crítica en lugar de declarar Estados de Excepción, destacando la flexibilidad y la colaboración entre policías y Fuerzas Armadas sin suspender derechos fundamentales.
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