Este viernes 2 de febrero, en el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), se aprobó la adquisición de 22 Lexus, cuya inversión superaba los $ 1.200 millones. Desde ese momento y hasta el día de hoy, los cuestionamientos y versiones sobre dicha adquisición de autos de lujo para jueces de la Corte Suprema (CS), continúan apareciendo.
Precisamente, a raíz de esos cuestionamientos, el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, convocó a un nuevo plena que, según indican fuentes a La Tercera, duró más o menos 60 minutos, fue tensa y se volvieron a escuchar los reparos por parte de quienes desde un inicio se manifestaron en contra de la adquisición.
Finalizada la reunión, se emitió un comunicado que manifestaba lo siguiente: «En relación a las publicaciones aparecidas en la prensa con ocasión de la decisión de la Corte Suprema de renovar los vehículos institucionales, es oportuno aclarar que el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa del Poder Judicial».
«Este proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin», indicaron luego.
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LAS VERSIONES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE AUTOS DE LUJO
Sin embargo, desde la Dirección de Presupuestos ya habían emitido una declaración en la que señalaban que «la Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial».
«Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo. Asimismo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto», sentenciaron.
Por su parte, el ministro de Hacienda Mario Marcel, acotó que «el Poder Judicial en la ejecución de su presupuesto es autónomo del gobierno, el gobierno no resuelve qué autos se compran ni cuándo se hace. Lo que se ha conocido estos días es una decisión autónoma de ellos».
Ahora bien, independiente de lo señalado, y conforme a la Ley de Presupuesto 2024, el Poder Judicial (PJUD) podría pedir una modificación presupuestaria para adquirir los autos de lujo.
Específicamente, el artículo 12 de la normativa, se estableció que el PJUD está eximidio de pedir autorización «para adquirir, arrendar o convenir toda clase de vehículos para el transporte terrestre». Ello les permitiría imputar el gasto al subtítulo 29 que trata de la adquisición de activos no financieros y en la cual hay un monto asignado de $7.070 millones.
De igual manera, podrían adquirir los autos de lujo con los dineros no gastados en 2023 y que pidieron sumar al presupuesto 2024.
