Internacional

Maduro expulsa del país a Alto Comisionado de la ONU

Javiera Sanzana

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó hoy que el Gobierno de Nicolás Maduro ha optado por suspender las operaciones de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, dando un plazo de 72 horas para que su personal abandone el territorio nacional.
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Gil anunció además que en los próximos 30 días se llevará a cabo una revisión exhaustiva de los términos de cooperación técnica estipulados en el acuerdo firmado con dicha entidad.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó hoy que el Gobierno de Nicolás Maduro ha optado por suspender las operaciones de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, dando un plazo de 72 horas para que su personal abandone el territorio nacional.

Gil anunció además que en los próximos 30 días se llevará a cabo una revisión exhaustiva de los términos de cooperación técnica estipulados en el acuerdo firmado con dicha entidad.

«Esa oficina se ha desviado de su mandato», señaló el ministro de Relaciones Exteriores, afirmando que la organización ha tenido un «impropio papel» y «se ha convertido en una caja de resonancia de la oposición más extrema del país».

SIN RESPUESTA POR PARTE DE VENEZUELA

Hasta el momento, no se ha recibido respuesta de la oficina del coordinador residente del Sistema de la ONU en Venezuela ante esta decisión, según ha confirmado CNN.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela expresó su condena ante la medida gubernamental, señalando que la presencia de la misión de la ONU en el país desde 2019 ha sido vital para la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos y para garantizar la observancia de los mismos.

El anuncio del gobierno de Maduro se produce tras las declaraciones del miércoles del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, quien, luego de una visita al país, señaló que según sus observaciones preliminares, aproximadamente ocho de cada diez Los venezolanos viven en condiciones de pobreza (82%), con más de la mitad de ellos en situación de pobreza extrema (53%).

SANCIONES

En su informe, Fakhri menciona que si bien las sanciones impuestas contra Venezuela han contribuido a esta situación, también destaca que los programas gubernamentales para abordar la crisis alimentaria, como el CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), que proveen alimentos a precios subsidiados. , se han visto comprometidos por prácticas clientelistas y han derivado en una dependencia caritativa.

Además, Fakhri explica que la alta inflación en Venezuela, que alcanzó el 193% anual el año pasado, ha erosionado el poder adquisitivo de la población y ha aumentado la inseguridad alimentaria, obligando a algunos ciudadanos a recurrir a estrategias negativas como reducir las porciones de comida, omitir comidas o adquirir alimentos con bajo valor nutricional.

El relator también señala que, durante su investigación, ha observado que algunas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida, una situación que ha sido documentada por diversas organizaciones y que planea incluir en su informe final, el cual presentarse ante el Consejo de Derechos. Humanos de la ONU en marzo.

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