El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido el requerimiento presentado por 54 parlamentarios de oposición, quienes han expresado preocupación por lo que consideran un «sesgo ideológico» presente en la ley integral de violencia de género.
Es importante destacar que esta legislación fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y se encuentra lista para su promulgación.
A pesar de ello, tras la presentación del recurso ante el máximo tribunal, el presidente Gabriel Boric abordó el tema, señalando que aún no se ha publicado en el diario oficial debido a la intervención de un grupo de diputados que han recurrido al Tribunal Constitucional. «Están ejerciendo su legítimo derecho de expresarse tal como son», declaró el jefe de Estado durante el 8M.
Es importante destacar que para defender la ley, ya se han inscrito: ABOFEM, Corporación Humanas, Amnistía Internacional y el Centro de DDHH UDP.
La Presdiencia, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados ya fueron oficiados.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El motivo principal que llevó a recurrir al TC está vinculado al inciso que estipula que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deben promover una educación no sexista.
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Al respecto, se ha acusado de promover una «ideología y filosofía» específica por parte de un sector de la población.
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO
La diputada del Partido Social Cristiano (PSC), Francesca Muñoz, valoró la decisión del TC de admitir el requerimiento que busca revisar uno de los incisos del artículo 12 del proyecto de ley en cuestión.
«Sin duda valoro el esfuerzo y trabajo en pro de evitar la violencia hacia la mujer y reconocer el importante rol que cumple dentro de la sociedad, ya sea como madre, esposa, dueña de casa o profesional, cuidadoras, etc», expresó.
LEY INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Sin embargo, la diputada señaló que «porque nosotros siempre defenderemos a los niños y a la familia.
«Sólo quedaría pendiente el inciso en cuestión, hasta que ellos entreguen en pronunciamiento definitivo y que esperamos confirme su inconstitucionalidad», concluyó la diputada.
