El sábado, durante la Cuenta Pública, el Pdte. Gabriel Boric anunció el proyecto de aborto libre, lo que generó controversias no solo en la derecha, sino también dentro del oficialismo, dónde acusaron «fines políticos».
Frente a esto, el propio Mandatario salió en defensa del proyecto de aborto legal.
En el marco de su participación en el comité político ampliado con los partidos oficialistas, el Mandatario afirmó que la propuesta no tiene fines electorales y llamó a no condicionar el debate por reforma de pensiones.
“He escuchado una pregunta que la verdad me sorprende. Han habido interpelaciones de si esto es un tema electoral o no es un tema electoral. Y a mí me gustaría decirle a todos quienes están escuchando que en materia de derechos de las mujeres no hay una interpretación por parte del gobierno ni mía respecto de cuáles son los beneficios para la próxima elección”, dijo ante la prensa.
Según apuntó el Jefe de Estado para el Ejecutivo “es un tema de convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir, y por lo tanto, de esa manera lo planteamos y es un tema que se tiene que discutir”.
“Sabemos que hay diferentes visiones en la sociedad, diferentes visiones en el Congreso, pero lo que sería inaceptable es que se niegue la discusión respecto de este tema, que se pueda opinar y debatir públicamente como corresponde a una democracia”, recalcó.
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Así mismo, Boric dijo que sería “sumamente delicado que hayan sectores de la política, que yo espero que sean los menos, pero que condicionen el debate o la aprobación de reformas sociales importantes, como por ejemplo la reforma de pensiones, a otros temas que no están de acuerdo. Esa señal me parece que sería tremendamente negativa y castigada por la ciudadanía”.
“Si alguien dice no vamos a discutir pensiones porque no estoy de acuerdo con el aborto, ¿qué opinaría la persona que hoy día no tiene una pensión que le alcance para tener una vejez digna? Entonces, separemos los temas”, expresó.
De acuerdo al Mandatario, las preocupaciones de la mayoría de la ciudadanía, como por ejemplo en materia de seguridad, pacto fiscal, cumplimiento tributario o reformas pro crecimiento, no se pueden supeditar “a discusiones en las que legítimamente tenemos desacuerdo”.
