El Consejo revisará los convenios directos en las nueve regiones donde el Ministerio Público ya inició investigaciones penales: Antofagasta, Maule, Atacama, Los Lagos, Biobío, Araucanía, Aysén, O’Higgins y Arica. No se descartan nuevas aristas.
ANTOFAGASTA LA PUNTA DEL ICEBERG
El CDE recibió los primeros antecedentes de manos del fiscal Cristián Aguilar, que indaga los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva -ligada a RD y encabezada por al expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade-, el 22 de junio pasado, toda vez que en la investigación se pesquisan presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Desde ese momento, el organismo encabezado por Raúl Letelier ha estado analizando los antecedentes, específicamente el Comité Penal que integran los profesionales María Inés Horvitz, Daniel Martorell y Alberto Espina.
El caso radicado originalmente en Antofagasta, se fue expandiendo vertiginosamente a otras regiones, lo que alertó al CDE, pues los nuevos antecedentes daban cuenta de millonarias presuntas irregularidades en traspasos a otras fundaciones y la apertura de “aristas” en otras regiones, lo que llevó a que el Comité Penal solicitara a la Unidad de Control Judicial del CDE activar una coordinación interregional a fin de recabar mayores antecedentes y levantar información en las distintas zonas del país.
SE AVECINAN QUERELLAS
El objetivo, según el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Wartenberg, es “que este equipo de profesionales, conforme a las instrucciones impartidas por nuestro Comité Penal, informe periódicamente respecto de los avances de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público y del análisis jurídico penal de ellas, a efectos de que podamos adoptar una decisión fundada”.
“El Consejo de Defensa del Estado comprende la relevancia que estos casos tienen para la ciudadanía, en su confianza en las instituciones y en la capacidad de funcionamiento del Estado. Con todo, la autonomía y el carácter técnico con que el Consejo evalúa los fundamentos y la oportunidad de sus actuaciones constituyen elementos esenciales para nuestro desempeño. El tiempo que esta institución debe destinar al estudio acabado de hechos, que puedan revestir el carácter de delito, resulta absolutamente necesario para arribar a la convicción jurídica que requiere la interposición de una querella criminal. Imputar a alguien la comisión de un delito es una cuestión tremendamente seria y trascendente que exige reflexión y requiere contar con antecedentes completos, claros y fidedignos” añadió.
Dada la definición de los consejeros del Comité Penal, en la entidad dicen tener una alta valoración de la comunicación que hace unos días expresó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien transparentó que le pidieron al CDE estudiar eventuales querellas.
LA COLABORACIÓN DEL GOBIERNO
“Cuando se hizo la primera reunión de crisis sobre este tema, se traspasó al Consejo de Defensa del Estado la intención del gobierno de que se estudiaran querellas. Se le pidió en primer lugar a esta instancia que se vea la oportunidad de presentar querellas y de indagar en el ámbito penal en la búsqueda de responsabilidades”, sostuvo la secretaria en el programa Mesa Central.
Asimismo, Tohá indicó que se han ido remitiendo antecedentes a fin de colaborar con el trabajo de los consejeros, lo que en el CDE catalogan como “una obligación” de las autoridades de turno.
“Están haciendo lo que corresponde, porque somos nosotros quienes representamos al Estado”, sostuvo una alta fuente del organismo, al tiempo en que insistió en que están trabajando para zanjar definiciones a la brevedad posible.
