Política

Acusan conflicto de interés de presidente de la comisión investigadora de Caso Convenios y él desmiente acusaciones

Agencias

El parlamentario explicó el trato directo que durante la pandemia hizo la seremi de Salud de Antofagasta con el hotel donde su esposa es miembro del directorio.

El diputado José Miguel Castro (RN) salió a aclarar las afirmaciones en su contra de la diputada Ericka Ñanco (RD), quien pidió que el parlamentario se inhabilite como presidente de la comisión investigadora por el Caso Convenios.

“No puede existir conflicto de interés en esta instancia, que busca esclarecer convenios en la región de Antofagasta. Necesitamos transparencia y probidad, por eso nos parece necesario que el diputado Castro pueda explicar la vinculación que tuvo con la Seremi de Salud y cómo se dio ese trato directo”, dijo Ñanco, según Emol.

Los hechos se remontan a la pandemia, cuando Rossana Díaz (UDI), secretaria regional ministerial de Salud de esa región durante la administración de Sebastián Piñera, entregó vía trato directo $513.128.000 millones al Hotel Altos del Sol, instalación perteneciente al grupo empresarial Korlaet, que tiene en su directorio a la esposa del parlamentario.

José Miguel Castro no tardó en emitir una declaración donde explicó que durante la emergencia sanitaria los contratos celebrados por el Estado “fueron suscritos mediante la modalidad o vía de trato directo, debido a que justamente la emergencia sanitaria requirió la adopción de medidas urgentes y de ejecución rápida”.

Añadió que en abril de 2020 envió un oficio al Minsal y Seremi de Salud de Antofagasta para informar “el parentesco de mi señora con los dueños del hotel, señalando, además, que los porcentajes de participación societaria de mi señora no le permiten tomar decisiones en el contexto de la celebración del contrato en cuestión”.

Castro recalcó que el hotel “cumplió íntegramente con el objeto del contrato, el cual fue servir de residencia sanitaria para la pandemia”, el que además fue revisado por Contraloría.

“Se envían los papeles y se ejecuta el servicio por dos o tres meses. Lo que pasa es que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no pagó el uso de este hotel y la empresa se fue a un juicio y que este año sale un resolución, donde se pierde y se le obliga al estado a pagar”, agregó.

A juicio del parlamentario, “este tema ya aclarado previamente en más de una oportunidad sale a la luz el día de hoy, como una medida absolutamente desesperada para desviar la atención a propósito de las gestiones que he iniciado, que buscan transparentar los múltiples y diversos pagos (de alto importe) a distintas fundaciones”.

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