La Contraloría General de la República (CGR) formuló cargos en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y de otras 10 personas, tras finalizar la etapa indagatoria del sumario abierto en 2022 por presuntas irregularidades relacionadas con la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), representada por el jefe comunal.
Fue el 6 de julio, de forma absolutamente reservada, que un un equipo de la CGR se constituyó en la municipalidad de Recoleta para notificar al jefe comunal de la formulación de cargos en su contra por el sumario abierto tras detectarse -en noviembre del año pasado- faltas al principio de probidad que habrían sido cometidas por él en su rol de presidente del organismo, reveló La Tercera.
La acción se suma la iniciada la semana pasada la fiscal Centro Norte Giovanna Herrera, quien alistaba para estos días el ingreso de una solicitud de formalización en contra del edil por el delito de cohecho, donde se le atribuiría la autoría en la presunta solicitud de coimas a Best Quality SPA, que durante la pandemia proveyó miles de insumos médicos, tales como mascarillas, pecheras, guantes y alcohol gel, a Achifarp.
Las otras personas notificadas serían a la administradora municipal de Recoleta, el director de Control y una ex directora de Asesoría Jurídica, además de funcionarios de la municipalidad de Paillaco, de Macul y del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis).
LOS CARGOS
Al edil de Recoleta se le imputaron tres cargos: uno, por la suscripción y aprobación de dos convenios que eluden la ley 19.886 y por falta de control, es decir, por la inexistencia de un mecanismo de seguimiento para los gastos.
Estos incluirían la celebración de convenios ilegales entre los municipios de Recoleta y Paillaco, además del Servicio Nacional de la Discapacidad, con el organismo que provee de medicamentos a bajo costo, acuerdos que involucrarían $613 millones de recursos fiscales, en los cuales se habría eludido la Ley N° 19.886 sobre bases de contratos administrativos del Estado.
También apuntarían a la falta de rendiciones de cuentas de los recursos municipales traspasados a Achifarp y desórdenes en la documentación que sustenta los supuestos gastos rendidos por el organismo.
En la auditoría, consigna La Tercera, la Contraloría advirtió que no había respaldo financiero y que la asociación “no puso a disposición los antecedentes relativos a procedimientos establecidos para la adquisición de medicamentos, canalización y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”.
Además, no habría fiscalización de directores de control respecto del uso y destino de los recursos fiscales traspasados a Achifarp, respecto de la cual no se entregó para la auditoría información de sus estatutos, ni las actas de directorio, de las asambleas generales, ni directrices formales que regulen los procesos de cuotas de incorporación y anuales que pagaban los municipios asociados.
A ello se sumarían irregularidades en el contrato firmado por Achifarp con la Universidad de Concepción para la fabricación del polémico medicamento Interferón, que, supuestamente, servía para enfrentar al Covid-19. La asociación sólo transfirió $ 25 millones de los $ 245 millones que había comprometido.
Una vez que estén los descargos de Jadue y sus colaboradores, si se acreditan las infracciones a la probidad , la Contraloría podría proponer sanciones a los funcionarios de menor jerarquía que el jefe comunal. En el caso del alcalde de Recoleta, el Concejo Municipal podría llevar el caso al Tribunal Electoral Regional (TER) y solicitar su destitución.
