La Cámara aprobó un proyecto de resolución que solicita al FA pedir «perdón» por Caso Convenios. La iniciativa tuvo 69 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones, entre las cuales hubo parlamentarios oficialistas.
En el documento se elucubra que las fundaciones habrían sido «creadas con el único objetivo de defraudar al Estado para fines electorales».
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que insta al Frente Amplio, pero principalmente al partido Revolución Democrática, a que «pidan perdón» a las personas por todo lo que se ha conocido en el marco del Caso Convenios.
La resolución fue firmada por nueve parlamentarios y en ella se expone en detalle que la Cámara Baja «acuerda solicitarle a todos los partidos que componen el Frente Amplio, pero en específico a Revolución Democrática, que le pidan perdón a las miles de familias vulnerables y de escasos recursos de nuestro país, entre ellas los que viven en situación de campamento, por haber sido vergonzosamente despojados de millonarios recursos a manos de distintas fundaciones ideológicamente falsas», aseguran.
Van aún más lejos, pues dicen que estas ONG habrían sido «creadas con el único objetivo de defraudar al Estado para fines electorales o beneficio propio, y cuyo monto cuestionado asciende, sólo por ahora, a más de $8.800 millones de pesos».
Entre los fundamentos de la resolución, se encuentran que «el Ministerio Público ha decidido abrir cinco investigaciones de oficio», que «uno de los mayores reproches éticos y políticos que han surgido a partir del denominado ‘Caso Convenios’, apunta a la superioridad moral con la que los representantes del Frente Amplio, entre ellos el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se levantaron frente a los ojos de la ciudadanía, considerando que durante más de una década instalaron como único mensaje un supuesto combate a las malas prácticas, viéndose hoy involucrados en uno de los casos de corrupción más graves de la historia de nuestro país».
Agregan, que «esta semana el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, también se vio en la obligación de reconocer que supo del caso diez días antes de que se hiciera público, al igual que la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (también militante de RD), quien fue informada a principios de mayo por funcionarios».
