Las diligencias del Ministerio Público en razón del denominado caso líos de platas no cesan. En esta ocasión, como quedó al descubierto durante horas de la mañana de este martes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta las oficinas del Serviu de Valparaíso para incautar documentación referente a convenios suscritos con las fundaciones ProCultura y Arquiduc.
Como informaron desde la Fiscalía, se trató de una diligencia solicitada por la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) y ejecutada por detectives especializados de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), y en medio de la cual -entre varios elementos- se levantaron antecedentes respecto del rol que jugó el exjefe de gabinete del exministro de Vivienda Felipe Ward.
Y es que como ya había constatado Contraloría, Gonzalo Vega Moreira fue quien propuso a ProCultura para que suscribiera contratos con la repartición en dicha región. De hecho, de acuerdo con antecedentes que se desprenden del Registro de Colaboradores del Estado, su intervención fue la que llevó a que la ONG comenzara a colaborar con el Ministerio de Vivienda.
Hasta antes de eso, según el mismo reporte, la entidad encabezada por Alberto Larraín sólo registraba transferencias desde organismos vinculados a las culturas, de gobiernos regionales y desde municipalidades.
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Por lo mismo, y considerando los reparos expresados por el ente contralor, los investigadores solicitaron mayores antecedentes respecto de cómo se sellaron los contratos con esa entidad.
Además, las pesquisas dicen relación con el papel que jugó Tomás Ochoa Capilli, exdirector regional del Serviu de Valparaíso y quien tras dejar el cargo constituyó la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada, la cual luego emitió una boleta por más de $ 17 millones precisamente a la Fundación ProCultura.
Respecto de esto, Contraloría reprochó: “En el desempeño del cargo de director del Serviu de la región de Valparaíso, el actual socio principal de la entidad de Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada, señor Ochoa Capelli, solicitó a través del Ord. N° 817, de 21 de febrero de 2022, recursos para la ejecución de los diversos convenios a desarrollarse en la región de Valparaíso, entre los cuales se encontraba el efectuado con la Fundación Procultura aprobado por la referida resolución N° 2.977, de 14 de diciembre de 2022″.
Y concluyeron: “En razón del cargo desempeñado por el señor Ochoa Capelli, su participación en la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada, y, los servicios que presta, puede ser un elemento que configure algún conflicto de intereses y/o infracción al principio de probidad respecto de los funcionarios públicos que se desempeñan en el servicio del cual él fue su Director”.
Este medio contactó a Felipe Ward para consultarle sobre el rol de su excolaborador, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondió.
