El Vigesimoséptimo Juzgado Civil de Santiago condenó a la Clínica Santa María a pagar $1.420.344.000 de indemnización de perjuicios a una paciente y su familia.
Ella sufrió graves consecuencias derivadas del mal tratamiento durante el embarazo, parto prematuro y la infección intrahospitalaria (nosocomial) que contrajo durante operación cesárea, las que repercutieron en su hijo recién nacido.
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UN LISTADO DE NEGLIGENCIAS
En el fallo, el juez Julio Ramírez Zolezzi estableció que “la atención sanitaria brindada en el embarazo, en el parto y neonatal fue deficiente e infringió la lex artis».
Esto se resumen en las siguientes negligencias: «ausencia de la recomendación general de suplementar con ácido fólico; falta de identificación del embarazo como uno con riesgo de producirse prematuramente; indeterminación de la longitud cervical medida por ultrasonido vaginal para la administración de progesterona; no se empleó la terapia de corticoides para maduración pulmonar ni hubo tratamiento tocolítico para retardar el trabajo de parto».
Tampoco «se suministró sulfato de magnesio para la protección neurológica del recién nacido; el tratamiento antibiótico fue indiscriminado y prolongado por determinación empírica, sin que decidiera en base a la sensibilidad antibiótica y provenía del germen más habitual de infecciones intrahospitalarias; durante la hospitalización el paciente se infectó de cuatro cepas de estafilococos coagulasa negativo; y, se le otorgó el alta mientras cursaba un cuadro infeccioso producto de estafilococos coagulasa negativo».
GESTIÓN INEFICIENTE
A juicio del tribunal, todo esto permitió «el desarrollo de patologías en el paciente, o promovieron su manifestación o agravamiento, por un tratamiento preventivo inadecuado de las mismas y una gestión ineficiente de los riesgos inherentes a los partos prematuros, lo que se tradujo en la materialización de todas las secuelas que afectan a[l hijo]”.
Por tanto, se acogió la demanda en todas sus partes y condenó a Clínica Santa María la suma de $1.420.344.000 (mil cuatrocientos veinte millones trescientos cuarenta y cuatro mil pesos), por concepto de indemnización de perjuicios.
