Tras dos años de investigación, la Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a Karina Oliva y otros 11 exmilitantes del Partido Comunes por el delito de fraude de subvenciones.
El Ministerio Público detectó, en el marco de los gastos electorales de la campaña de la excandidata a gobernadora, que los imputados usaron a la Fundación Chile Movilizado -ligada a Comunes- como una fachada para triangular dineros supuestamente utilizados en la campaña del año 2021.
También verificó maniobras “para abultar y disfrazar gastos electorales”, a partir de rendiciones de gastos de campaña, con el objetivo de que el Servicio Electoral realizara una devolución de gastos totalmente alejada de la realidad. Fue el mismo organismo el que terminó por denunciar al partido por gastos no acreditados por $142.686.823.
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En medio de todos los nombres de los exmilitantes formalizados figuraba el de Camila Ríos Puebla, la exsecretaria ejecutiva y tesorera del colectivo político, quien se encuentra con arraigo nacional al igual que Karina Oliva y Jorge Ramírez.
La exencargada de administrar las cuentas del partido acaba de ser querellada además por administración desleal por su expartido, Comunes quien le atribuye un perjuicio a la colectividad de $472.114.625. Resulta fundamental, agrega la querella, que se haga responsable “por el ejercicio de su cargo”, según detalla El Desconcierto.
Antes de especificar la serie de irregularidades que habría cometido la administración de Ríos, el documento judicial da cuenta de algunos elementos de contexto que permiten comprender mejor la conducción del partido.
También se mencionan 17 transferencias por más de 3 millones de pesos a distintos personeros del partido, entre ellos dos formalizados recientemente por el Ministerio Público: Camila Ríos y David Castillo.
En resumen, el partido considera que el monto total del perjuicio – raya para la suma- es de $472.114.625.
