Intenso debate hubo en el plano del Consejo Constitucional en la votación de las normas del capítulo 2 -que incluyen educación, salud, pensiones y trabajo- en relación con la libertad de elección. De acuerdo con el oficialismo, las enmiendas presentadas por la oposición constitucionalizan el modelo de isapres y de AFP.
Con el voto en bloque de la derecha, se aprobó la libertad de elección en salud y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.
EL DEBATE
En el momento de justificar su voto en esta materia, el consejero republicano Luis Silva dijo que «nosotros defendemos y votaremos a favor de la libertad de elección en salud, en educación y en pensiones, y esa razón es constitucional. ¿Cuál es esta razón? Limitar al Estado para evitar que se transforme en la mayor amenaza de la persona».
«Muchos en esta Sala y fuera de ella querrían el monopolio estatal, que sólo el Estado provea de salud, provea educación, que se haga cargo de las pensiones. Precisamente por eso no dejamos esta materia abierta, por eso no habilitamos al legislador, porque podía llevarnos al monopolio estatal», recalcó.
Esta postura fue rechazada desde el oficialismo, donde el consejero Fernando Viveros (PC) planteó que «la libertad de elegir es un espejismo que solo se consigue si tienes dinero para pagar. Si tienes dinero, puedes decidir si vas a una clínica o a un Cesfam».
«Hoy se intenta constitucionalizar las isapres, (que) llevan años con cobros excesivos y discriminando a personas con enfermedades. Hoy la derecha les intenta dar un salvavidas. Se garantiza la libertad de elegir, ¿adónde van las cotizaciones de salud? Con esa redacción, si las isapres no existieran, habría que inventarlas», agregó.
Por su parte, Yerko Ljubetic (CS) dijo que «excluir la solidaridad es pensar en un país donde cada uno se salva solo, un país que va perdiendo progresivamente su cohesión social. Eso nos habla de una patria que algunos confunden solo con una bandera, un baile o un deporte».
La comisionada Alejandra Krauss, apuntó que «no podemos tolerar que el Estado social y democrático de derecho se convierta tan sólo en una declaración de papel y no se trata de abusos como lo pretende mañosamente el consejero Silva, se trata de la dignidad de las personas».
LO QUE SE APROBÓ EN SALUD
El Capítulo II trata sobre «Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales».
Pero fue el literal b del inciso 21 del artículo 16 el que concitó la atención de los consejeros debido a las diferencias que genera entre oficialismo y oposición la libertad de elección en materia de salud, defendida por la oposición y criticada por el oficialismo, desde donde acusan un intento de constitucionalizar las isapres.
«Es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado», se estipula en el literal aprobado por 33 votos a favor de la oposición y 17 en contra del oficialismo.
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Además, se aprobó por 32 votos a favor, 17 en contra y la abstención de la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN), el literal c que dice que «la ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales».
También se visó el inciso 20 del artículo 16 que sostiene «el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo».
LIBERTAD DE ENSEÑANZA
En el polémico inciso 22, En su literal b, se aprobó por 33 votos de la oposición y 17 en contra del oficialismo, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos -promovido por las bancadas de derecha- que asegura que «las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho».
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Criticados por el oficialismo durante el debate fueron los literales e y f.
El primero es sindicado como un intento de constitucionalizar el «derecho a voucher» y la idea de que «la calidad» sea el requisito para el financiamiento de un establecimiento. Establece que «la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado garantizar el financiamiento por estudiante, con la finalidad de asegurar el acceso a ellas para toda la población, a través de establecimientos estatales y privados. En el caso de la educación media, la obligatoriedad se extenderá hasta cumplir los veintiún años de edad».
«Se asignarán recursos públicos a instituciones estatales y privadas según criterios de razonabilidad, calidad y no discriminación arbitraria. En ningún caso dicha asignación podrá condicionar la libertad de enseñanza», se sostiene en el literal f.
