La Corte de Apelaciones de La Serena acogió la solicitud del Ministerio Público para revertir la libertad de 23 imputados como autores de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Pagaron una millonaria fianza.
El tribunal dictó orden de no innovar mientras el recurso de apelación interpuesto por el ente persecutor se encuentre pendiente de resolución e instruyó al Juzgado de Garantía de Ovalle despachar las órdenes de detención de los imputados.
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PRISIÓN PREVENTIVA
El fallo unánime de la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Rodrigo Álvarez Mercado, Roxana Camus Argaluza y la abogada (i) Carolina Salas Salazar– ordenó que «se concede la orden de no innovar solicitada, en cuanto se dispone que no se podrá dejar a los imputados de autos en libertad, mientras se encuentre pendiente la tramitación del presente recurso, debiendo despacharse la respectiva orden de detención en caso de que se haya decretado su libertad, a objeto que ingresen a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, debiendo el tribunal despachar las órdenes y oficios que correspondan a objeto de dar cumplimiento a esta resolución».
En la audiencia de formalización de la investigación, realizada el jueves pasado, el Juzgado de Garantía de Ovalle decretó la prisión preventiva de los 23 imputados por peligro de fuga y fijó una millonaria fianza de dos millones de pesos a cada uno, es decir, 46 millones de pesos en total.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó su preocupación respecto del caso y aseveró frente a la determinación del tribunal de primera instancia que «nos cuesta mucho entender decisiones de este tipo».
