El fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) comenzó la protesta alegando ser un «preso político» y exigiendo la anulación de una condena de 23 años de cárcel, dictada el pasado 22 de mayo.
SENTENCIA
Pero la sentencia, por delitos de la Ley de Seguridad del Estado, robo de madera y atentado contra la autoridad, no será revocada y se confirmará este lunes, según fuentes del caso.
Ese día, la sala penal de la Corte Suprema informará, de manera electrónica, el rechazo del recurso presentado por la defensa de Llaitul, que buscaba anular el juicio oral llevado a cabo por la Fiscalía Regional de La Araucanía, tras su detención el 24 de agosto de 2022 en Cañete.
Con el fallo del máximo tribunal, que aún no está firmado pero sí en «estado de acuerdo», se cierra un importante capítulo en la violencia en la Macrozona Sur.
LLAITUL
Han pasado más de 25 años desde la fundación de la CAM en 1998, y con la privación de libertad de Llaitul, se debilita una de las agrupaciones más radicales que operan entre la VIII y IX Región y que se ha adjudicado cientos de atentados en más de dos décadas.
La Caída «Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones, persigue delitos». Estas fueron las palabras del Presidente Gabriel Boric el 19 de mayo de 2022, en respuesta a los cuestionamientos sobre por qué el Ministerio del Interior no se querellaba contra el líder de la CAM.
Esto ocurrió en el contexto de las desafiantes declaraciones de Llaitul, quien había hecho un llamado explícito a «preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada».
COMUNIDADES MAPUCHES
En ese momento, la administración recién instalada había llegado al poder llamando a la Macrozona Sur «Wallmapu» e intentando tender puentes con comunidades mapuche radicalizadas.
Sin embargo, el 27 de julio de ese año, tras la llegada de la abogada Lupy Aguirre a la División Jurídica de Interior, la entonces ministra Izkia Siches invocó la Ley de Seguridad del Estado (LSE) contra Llaitul. Esta decisión permitió a la Fiscalía de La Araucanía, liderada por Roberto Garrido, incorporar conductas sancionadas por esta norma especial, como la apología a la violencia o incitar a la desestabilización de un gobierno.
Además, La Moneda solicitaba al Congreso autorizar una serie de estados de excepción constitucional que se mantienen hasta ahora.
LÍDER DE LA CAM
En ese momento, el fiscal de Alta Complejidad, Héctor Leiva, tenía en la mira al líder de la CAM desde hacía al menos dos años. Una serie de escuchas telefónicas y seguimientos permitieron probar que Llaitul estaba detrás de una serie de atentados. }
Además, se estableció que las acciones de robo de madera, que la agrupación llamaba «sabotajes» contra forestales, eran en realidad actos de delincuencia común.
«Con las diversas probanzas ya aludidas, es posible establecer que el acusado hurtó madera del predio usurpado (…) se puede deducir de los indicios que significan tanto la información proveniente de las comunicaciones de Llaitul con distintos sujetos interceptadas durante la investigación, como de los dichos de las entrevistas que sostuvo con diversos periodistas para distintos medios de información pública», se lee en el fallo. Dos detectives habían pedido un plato para almorzar en el conocido restaurante «El Viajero» de Cañete, Región del Biobío, pero no probaron bocado.
INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS
El 24 de agosto de 2022, desde su mesa, ambos policías seguían sigilosamente los pasos de Héctor Llaitul, quien, según las interceptaciones telefónicas, había acordado reunirse con unos amigos en el recinto para comer. Una vez que Llaitul bajara la guardia, la PDI llevaría a cabo una de las operaciones más importantes en la macrozona.
Lea también: Investigan homicidio en vía pública en Recoleta
Pasadas las 13:00 horas, los policías se levantaron de sus asientos y le mostraron al histórico líder de la CAM sus placas. «Héctor Llaitul, estás detenido», le dijeron. El dirigente se quedó mudo. Tras la detención, se activó el traslado desde Cañete a Temuco, que incluso incluyó un helicóptero.
JUICIO
Durante el juicio, Llaitul renunció a su derecho a guardar silencio y reiteró que estaba siendo víctima de un juicio político. Pero nada de esto pudo eximirlo de una condena a 15 años por conductas sancionadas por la LSE, cinco años por hurto de madera y tres por atentado contra la autoridad.
En total, 23 años de prisión efectiva. Su última oportunidad estaba en la Corte Suprema.
Sus abogadas, Josefa Ainardi y Victoria Bórquez, argumentaron que Llaitul fue víctima de vulneraciones a sus garantías y cuestionaron los testimonios de test
