Crisis en seguridad: ¿Estado de sitio, toque de queda o más policías?
Fueron 15 homicidios los que marcaron el pasado fin de semana, donde se utilizaron armas de fuego. Una cifra que agudiza aún más la crisis en seguridad que hoy enfrenta el país.
En medio de su gira en Paraguay, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que “se ha logrado disminuir la tasa de homicidios en varias regiones del país, tendencia que no ocurría desde hace cinco años, mientras que a nivel nacional, esta disminuyó en el orden del 6%”.
“Pero esto no ha sido así en la Región Metropolitana, donde existe un problema grave que no desconocemos, sino que nos preocupa y nos ocupa”, agregó.
Estado de sitio
A raíz de la ola de homicidios que se ha registrado en la Región Metropolitana en la última semana, que se enmarca en la crisis de seguridad que afecta al país, el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza pidió que el Gobierno estado de sitio en la capital.
La idea planteada por el oficialista no es nueva. En otras ocasiones, autoridades, especialmente de oposición, han pedido que el Ejecutivo implementa medidas de excepción constitucional, debido a la problemática. Incluso, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien es cercano a la administración presidencial, manifestó estar a favor de utilizar a personal militar para ciertas tareas de seguridad. No obstante, la petición ha sido denegada.
Pese a ello, la solicitud se levantó una vez más después de los 16 homicidios registrados en los últimos cinco días, donde incluso hay víctimas menores de edad.
Alcaldes se suman a petición de estado de sitio
Aunque esta medida fue descartada a las pocas horas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien confirmó que durante la reunión de emergencia sostenida durante la mañana “el estado de sitio no había sido motivo de conversación”, alcaldes de la Región Metropolitana se han sumado a la petición del senador Insulza, solicitando acciones concretas y medidas urgentes y coordinadas.
Tal fue el caso del alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), quien asegura a La Tercera que “el llamado que hace el senador Insulza hay que escucharlo con atención. Parlamentarios del mismo sector de gobierno están pidiendo esta medida porque evidentemente hay un fracaso en el combate al crimen organizado. Yo no desecho ninguna alternativa, creo que se tiene que evaluar, pero además creo que es clave que el gobierno y el Presidente de la República tomen un liderazgo”.
El edil de La Florida, Rodolfo Carter (ind.), señala estar a favor de la medida en la RM “ante la ineptitud e incapacidad del gobierno del Presidente Boric frente a la crisis de seguridad más grande desde el retorno a la democracia; desde comienzos del año pasado hemos pedido aplicar medidas extraordinarias para enfrentar la violencia y el crimen organizado que hoy acechan nuestros barrios, entre ellas una fuerza de tarea de las policías y las FF.AA.”.
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Pero también hay voces opuestas. Jonathan Opazo (ind.), alcalde de Lampa -comuna donde asesinaron a cinco personas este lunes-, desestimó el llamado: “No estoy de acuerdo porque no se ajusta a la realidad de nuestra comuna: más del 50% de los habitantes debe salir de su casas en la madrugada para llegar a sus trabajos. Por eso es tan importante que se nos involucre en las conversaciones de seguridad, porque deben ser medidas que ataquen el problema, pero que se ajusten a la realidad de nuestra población”.
La recién elegida alcaldesa de Independencia, Carolina Rivero, dijo entender la angustia y preocupación de todos ante el aumento de la violencia, por lo que, según ella, las medidas deben ser progresivas y de manera escalonada.
«Necesitamos más carabineros en labores operativas y podemos volver a considerar que otras fuerzas asuman tareas administrativas para liberar más efectivos. Por ejemplo, que militares apoyaran en esas tareas administrativas: constancias, partes, etc. Para tener más policías en las calles”, agrega.
Mientras que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI) hizo un llamado a tomas medidas de fondo y un trabajo más exhaustivo en las aduanas, en las ruta del dinero, puertos, etc., “ponga o no ponga militar en las calles, la situación de fondo no va a cambiar. Finalmente lo que va a suceder es que va a tener a los carabineros, a los militares ayudándolos Carabineros la situación no va a modificarse y finalmente va a pasar lo que pasa generalmente con los gobiernos de izquierda es que terminan echándole la culpa a la Fuerza Armada”.
¿Qué es el estado de sitio?
El estado de sitio es uno de los cuatro estados de excepción constitucional que contempla la Constitución Política del país. Esta busca responder a situaciones de guerra interna o grave conmoción interior.
La medida es declarada por el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional, y dicha declaración debe determinar las zonas afectadas por el estado de excepción.
Además, el Parlamento, dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha en que el presidente o la presidenta somete el dictamen a su consideración, debe pronunciarse aceptando o rechazando la propuesta, sin poder introducirle modificaciones.
Y en el caso de que el Congreso no se pronuncie dentro de los días establecidos, se entiende que la medida está aprobada.
Pese a lo anterior, la Constitución también dice que “el presidente de la República podrá aplicar el estado de asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración, pero en este último estado solo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión”.
Junto a ello, también se indica que las medidas que adopte quien ejerza la Presidencia de la República, en tanto no se reúne el Congreso, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 45.
Tiempo de vigencia
De acuerdo con la Constitución, la declaración de estado de sitio solo puede hacerse por un plazo de 15 días, sin perjuicio de que quien ejerza la Presidencia de la República solicite su prórroga.
Ante la declaración de estado de sitio, quien ejerza la Presidencia de la República puede restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes.
