El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva anticipada y arresto domiciliario total para las dos personas imputadas por el robo de los computadores y la caja fuerte del ministerio de Desarrollo Social y Familia.
El tribunal dictó la primera medida cautelar para Miguel Ángel Apablaza, reo de 24 años que se habría hecho pasar por el ministro Giorgio Jackson desde la cárcel de Puente Alto.
En tanto, a Elena Rojas Crespo (60), persona que fue detenida por receptación de los 23 notebooks, se le decretó el arresto domiciliario.
El plazo de investigación determinado por el tribunal es de 120 días.
Durante la audiencia de formalización de los dos imputados el juez Mario Cayul afirmó que -tras escuchar los detalles del caso- los guardias que entregaron los computadores y facilitaron el robo «no son víctimas».
El magistrado sostuvo en su argumentación que «la exposición de la Fiscalía (…) está bastante clara y acreditada, (entre ellas) las declaraciones de quienes son los guardias sujetos pasivos, no son víctimas».
Los testimonios además de América González, la encarga del aseo del Ministerio que se percató del robo, «dan cuenta del tipo de objetivo (del robo). Sin lugar a dudas, respecto a los antecedentes estamos en presencia de un delito de robo con violencia, no con intimidación».
«Esto no es una broma. Es un delito particularmente grave y absolutamente inusual», enfatizó al argumentar su decisión sobre las cautelares.
