Política

Diputada Medina (PDG) propone crear una cárcel en Isla Mocha

María Fernanda Pavez

Medina mediante un proyecto de resolución solicitó al gobierno la creación de una cárcel de alta seguridad.

La Diputada del Partido de la Gente planteó que la ubicación geográfica que tiene esa isla del continente disminuye las posibilidades de intento de escape y, por ende las posibilidades de fuga.

Medina mediante un proyecto de resolución solicitó al gobierno la creación de una cárcel de alta seguridad en Isla Mocha.

Dicho territorio es administrado por la Municipalidad de Lebu, Región del Biobío.

 

A favor del país

“Si queremos que Chile progrese, no hay que olvidar las causas subyacentes del estallido social”, expresó la diputada en alusión a su particular propuesta.

Karen Medina enfatizó que la ubicación la convierte en un entorno propicio para garantizar la seguridad necesaria y el control de los reclusos.

“Su distancia del continente minimiza el riesgo de fugas o intentos de escape”, agregó.

“La necesidad de esta medida se fundamenta en la crítica realidad que enfrenta nuestro sistema penitenciario”, indicó Medina.

Junto con ello, explicó que, hasta octubre de 2023, la población carcelaria en el país alcanzó las 54.678 personas.

La cifra entregada supera las proyecciones iniciales que estimaban alrededor de 50.000 internos para el 2024.

 

Puntos de fundamento

“Este proyecto no solo contribuirá a descongestionar el sistema penitenciario en el continente», indicó la parlamentaria del PDG.

«También proporcionará una solución integral para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Isla Mocha”, sostuvo.

Al mismo tiempo agregó que “la construcción de una cárcel de alta seguridad en este lugar estratégico ayudará a combatir el crimen organizado y el narcotráfico”.

“Protegiendo así la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto”, dijo la parlamentaria del Partido de la Gente.

En la propuesta de la diputada Medina del PDG se establece la reubicación de los habitantes de la isla, por lo que el proyecto debería ser ejecutado en coordinación con las autoridades locales, la comunidad y expertos en materia penitenciaria y de desarrollo social.

La parlamentaria no señaló los costos asociados a su proyecto ni qué podría implicar el desplazamiento de los habitantes de la zona.

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