Previa al ingreso del veto presidencial al proyecto de ley que apunta a combatir las usurpaciones, la subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, se reunió con parlamentarios del oficialismo para recoger sus inquietudes al respecto.
A la salida el diputado Leonardo Soto (PS) dijo que «no hay acuerdo explícito, pero yo diría que gran parte del veto presidencial va a tener desde ya el respaldo completo del oficialismo».
El parlamentario aclaró que «hay algunos aspectos que requieren un mayor estudio, han habido algunos aportes, observaciones que están siendo discutidas por el Ejecutivo, que tienen que ver con la penalidad de la usurpación cuando no tiene violencia o intimidación contra las personas o fuerza contra las cosas, son aspectos secundarios».
«Pero yo creo que, en lo medular, existe un acuerdo del oficialismo de respaldar el veto presidencial del Gobierno de Gabriel Boric en todo lo que tiene sentido común, en lo que tiene respaldo en la ciudadanía y dejar fuera las indicaciones tóxicas de la derecha», añadió.
En el encuentro estuvieron presentes los diputados del Frente Amplio, Maite Orsini, Andrés Giordano y Lorena Fríes; por el Partido Comunista su jefe y subjefa de bancada, Luis Cuello y Alejandra Placencia; del Partido Socialista, Leonardo Soto y Raúl Leiva y del PPD, Jaime Araya y Marta González, nueva jefa de bancada. Se excusaron de asistir por razones logísticas, representantes del Partido Radical y Liberal.
LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA
La ley de usurpaciones fue aprobada a fines de agosto por el Senado y visada por la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que quedó despachada, incluida la indicación que incorpora la polémica figura de la «legítima defensa privilegiada». Es por eso que se anunció el envío de un veto presidencial.
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El que se presentará será un veto sustitutivo, es decir, se ingresa un proyecto completo dentro del veto y se mantienen la mayoría de sus elementos, menos lo que se quiere vetar. Se desechó la idea de que fuese ‘supresivo’ -para eliminar partes de la ley- porque el proyecto está escrito de tal forma que hay muchos amarres entre los diversos artículos que podrían desbalancear toda la norma si se elimina una parte.
El veto presidencial debe ser ingresado antes del viernes 29 de septiembre.
