Este domingo, Keiko Fujimori, presidenta del partido peruano Fuerza Popular, anunció la candidatura de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, para las elecciones presidenciales de 2026, tras su liberación a finales del año pasado.
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A través de un video compartido en su cuenta de X, Keiko Fujimori declaró: «Yo creo que es él quien tiene que llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial».
ASUMIR LOS RIESGOS
Hace dos semanas, Alberto Fujimori confirmó su intención de postularse a cargos públicos en una carta enviada al diario El Comercio, donde expresó: «Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos».
En el breve video publicado en redes sociales, Keiko resaltó la determinación de su padre, afirmando: «yo miraba el brillo de sus ojos y es que yo decía, sí pues, o sea, él va a ser política hasta el último día de su vida (…) Yo lo que resalto de mi papá, además de que es un roble y tiene una fortaleza, es él el que nos da fuerza».
Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. pic.twitter.com/YXVj3FWCLM
— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 14, 2024
CONDENAS
En resumen, Alberto Fujimori tiene cinco condenas por corrupción y violaciones de derechos humanos, aunque una de ellas fue anulada.
SE PROHIBIRÍA SU POSTULACIÓN
A pesar de su liberación el 7 de diciembre de 2023 gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que revalidó un indulto humanitario concedido por Pedro Pablo Kuczynski en 2017, Fujimori no fue declarado inocente. Según la ley 30.717, promulgada en 2018, está prohibido que personas condenadas por corrupción se postulen a cargos públicos.
Esta ley, modificada para garantizar la idoneidad de los candidatos, estipula que quienes hayan sido condenados a pena privativa de libertad por delitos dolosos no pueden postularse a la presidencia o vicepresidencias. Esta prohibición se mantiene incluso si han sido rehabilitados.
En 2020, se promulgó una nueva ley de reforma constitucional que es aún más restrictiva, prohibiendo la postulación a cargos de elección popular a personas con sentencias condenatorias en primera instancia por delitos dolosos.
