El frente de mal tiempo que azota a buena parte del país, pareciera ser nada frente al verdadero aluvión que sufre por estos días Revolución Democrática y que afecta a una de sus más importantes figuras públicas, la diputada Catalina Pérez y su entorno. Hasta hoy, solo relacionados a la Seremía de Antofagasta, se han girado más de tres mil millones de pesos en tratos directos a organismos, supuestamente sin fines de lucro, asociados a ese partido y otros organismos relacionados con el Frente Amplio y sectores gobiernistas.
Democracia Viva, la fundación dirigida por Daniel Andrade, pareja de la parlamentaria, y quien, al momento de recibirse los dineros (más de $420 millones al contado) era además asesor del Ministerio de Defensa, al cual terminó renunciando a causa de desaguisado, abrió lo que al parecer es un verdadero “cajón de sastre”. Miles de millones de fondos públicos entregados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por el también renunciado y militante de Revolución Democrática, Carlos Contreras, el que además fuera jefe de gabinete de Catalina Pérez.
ASIGNACIÓN DIRECTA
No deja de llamar la atención que, en el caso Democracia Viva, se hayan efectuado 3 pagos correspondientes a tres órdenes de trabajo, en el plazo de 60 días, respecto de iguales tareas. Ello solo puede explicarse, porque al fraccionarse los dineros, permiten efectuar el denominado “trato directo”, entre el ente público y la fundación, en este caso, evitando así el llamado a licitaciones o concursos.
Manera muy mal usada por algunos órganos públicos para engañar el sistema de concesiones que permite mayor transparencia al existir concursos públicos en que se miden, entre otros atributos, la experiencia de los postulantes, situación que habría hecho imposible que Democracia Viva se hubiera adjudicado estos fondos, pues su único “trabajo” no político, ha sido este en su menos de un año de vida.
El medio local antofagastino, Timeline, no imaginó, en los dichos de su director, los alcances que tendría el denunciar la molestia de funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Antofagasta, por la habitual asignación de recursos de forma directa a al menos, 7 fundaciones ligadas al oficialismo y en particular al Frente Amplio, bajo el contexto de “habitabilidad primaria” para campamentos.
SUMARIO, CONTRALORÍA Y FISCALÍA, ENTRAN EN ESCENA
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, decidió poner los antecedentes que recabó en terreno, a disposición de la Fiscalía local, para lo cual el mismo ministro de la cartera, Carlos Montes, decidió viajar a Antofagasta para ponerlos a disposición del órgano persecutor. En menos de 5 días, el discurso oficial de un “error político”, pasó a endurecerse y a sugerir acciones penales y la devolución de los fondos asignados y no utilizados, que el mismo ministerio estimó en un 97% del total de los más de 420 millones de pesos. Es decir, apenas se habría implementado un 3% de la obra prometida a pesar de haberse pagado todo al contado y no sobre estados de avances.
Por su parte, la cuestionada diputada Catalina Pérez (RD), quien en un primer momento aseguró que “Aquí hubo un error de juicio político grave, aquí hubo un error de criterio político grave, y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde”, una vez conocidos los hechos que involucraban a su pareja y a su ex jefe de gabinete y Seremi de vivienda, optó además por hacer una jugada mediática, oficiando a la Contraloría, solicitando que este organismo se pronunciara acerca de la “legalidad” de los actos públicos. Más tarde, cuando ya el escándalo estaba desatado, cambiaría su tono y hablaría de los “2 hombres adultos”, responsables de sus hechos, tratando de alejarse del tema y transformarlo en una cuestión feminista que la victimizaría.
Probablemente, la Fiscalía no tendrá tal elemento en consideración, al estudiar los hechos, a los cuales se abocó de oficio e inició la investigación que llegará, sin dudas, a abarcar a otras organizaciones más allá de Democracia Viva, pero que ocupó similares mecanismos de hacerse de fondos públicos, aunque no todas son entes fantasmas, como pare serlo la fundación del pololo de la parlamentaria.
OTROS CASOS
La cuestionada Seremi no solo traspasó los $420 millones de este caso por la vía de trato directo a personeros ligados a su mismo partido político, sino que, además, otras organizaciones del mismo sector también han recibido, por la misma vía del trato directo, sumas que superan los %3 mil millones de pesos, solo en Antofagasta. Radio Bío Bío, asegura que “descubrió que hay una serie de otras fundaciones que han recibido recursos públicos de la misma Seremi Minvu de Antofagasta y que tienen algo en común: son pro Gobierno y sus líderes son cercanos al oficialismo”. Según ese medio, “no deja de llamar la atención las cuantiosas sumas que la misma seremi ha transferido a instituciones que no persiguen como fin erradicar los campamentos, sino que entregar medidas transitorias a lugares usurpados”.
Entre los organismos en que se ha puesto atención, figuran la Asociación Campamento de Ideas, que ha recibido 9 asignaciones directas por un monto de $797.593.752 y cuyo presidente y socio fundador es Ernesto Espinoza Illanes, activo adherente al gobierno. Otra de las autoridades de esa institución, es doña Karen Christie, directora ejecutiva y exfuncionaria del Gobierno Regional de Antofagasta. Hasta ahora, se desconoce las eventuales rendiciones de gastos sobre las millonarias transferencias. Una nueva Fundación, Urbanismo Social, quien es otra de las organizaciones que ha recibido financiamiento, solo en el último trimestre de 2022, se le transfirió la suma de $577 millones desde la Seremi Minvu de Antofagasta. La dirige Pilar Goycoolea Ferrer, quien es consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del Gobierno.
Otra fundación bajo escrutinio, es ProCultura, en la que otrora trabajó la ex primera dama Irina Karamanos. En honor a la verdad, este organismo, es conocido por sus trabajos efectivos y de larga data. Sin embargo, no deja de llamar la atención lo que su propio director ejecutivo y socio fundador, Alberto Larraín Salas, ha reconocido en redes sociales y entrevistas, esto es, que ProCultura, “fue contactada por la Seremi Minvu de Antofagasta” para trabajar con ellos. No suele estilarse que los organismos públicos contacten a determinadas empresas para tal fin, para eso existen licitaciones y otras vías legales. Esta fundación recibió $500 millones de la seremi de Antofagasta vía trato directo, en el mismo periodo que lo hiciera Democracia Viva.
El objetivo del contrato fue, igual a la otra fundación: “la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”, se consigna en el documento vinculante.
¿CÓMO SE CONTROLA?
Habiendo pasado varios meses desde la entrega de fondos a Democracia Viva, esta solo ha rendido el 3% de las “obras”. Ello lo declaró el propio ministro de OOPP. ¿Por qué se pasó de una sola vez todo el dinero ($420 millones) y no se ha hecho control de avances? Una incógnita que la justicia deberá dilucidar. La empresa tenía 16 meses para terminar sus trabajos.
Quienes se han adjudicado fondos, realizan dos clases de acciones, materiales, como mejoras de infraestructura mínima, como la “instalación de luminarias solares, soluciones para enfrentar, controlar o mitigar la amenaza de incendios, soluciones para abordar microbasurales, ejecución de cierros, instalación de contenedores de basura, adquisición de extintores, mejoras de espacios comunitarios, entre otras”, e inmateriales, como cursillos de capacitación acerca de “acciones para la organización de la demanda habitacional, con el fin de aportar a que las familias de campamentos superen su situación de vulnerabilidad social y habitacional, a través de estudios previos y participación ciudadana”.
Alberto Larraín de ProCultura, da algunas luces de lo que debiera ser: “Lo primero es que efectivamente se transfiere la plata y primero se saca un seguro. Un seguro para que los recursos no puedan ser mal habidos o no se puedan establecer de mala manera. Sean boletas de garantía, o sean póliza. Esos recursos se rinden de manera periódica y hay tanto una supervisión técnica como una financiera. Además, está acompañado de un proceso de registro de lo que se está haciendo en el territorio. Hay visitas periódicas de lo que se está haciendo y en el caso de estos proyectos, la fundación subsidia parte del costo porque ninguno de estos proyectos se viabiliza con los dineros entregados por el Minvu”, señaló a Bío Bío.
Larraín, concluye poniendo en el centro el verdadero problema: “Ahora, ¿Cuál es la molestia? ¿Por qué surge esta molestia? Porque este problema se hubiera evitado plenamente si las condiciones mínimas que se nos exigieron a nosotros para firmar el convenio en el primer momento, que era tener una cierta cantidad de años de existencia, que era tener experiencia demostrable en los trabajos, que era tener una cierta cantidad de rendiciones, una cantidad de recursos mínimos que pudiéramos demostrar en término de espalda financiera, se le hubiera ejecutado a las otras fundaciones. O sea, si en el caso de Democracia Viva se hubiera aplicado solamente el tema del tiempo, de años, que antes era mínimo 5 años, todo este problema se hubiera evitado”.
Es posible que no llegue a determinarse la existencia de dolo, al constituirse en un eventual fraude al Fisco y tráfico de influencias, sin embargo, sí hay serios conflictos de intereses y cuestionamientos a la transparencia, que ya han llevado a «suspender» a la diputada Catalina Pérez su permanencia en la testera de la Cámara de Diputadas y Diputados, a renunciar a su pareja a la asesoría al Ministerio de Defensa, a renunciar al Seremi de Vivienda de Antofagasta, a actuar a la Fiscalía Regional de Antofagasta, la Contraloría, al Ministerio de Obras Públicas y a, una vez más, desacreditar la política y poner en jaque la democracia.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló al cierre de esta edición: “Desde el momento en que la fiscalía está investigando, es porque existen sospechas de delito. La fiscalía sólo se involucra cuando ve sospechas de delito. Ahora, la posibilidad no es lo mismo que la certeza”, dijo.
