El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que en el contexto del estallido social se registraron violaciones a los derechos humanos, pero que no se les puede atribuir el carácter se «sistemático».
El persecutor entregó algunos de los resultados de las investigaciones realizadas por delitos y crímenes de lesa humanidad registrados durante ese periodo.
«Hemos detectado, y es de público conocimiento, hechos que revestirían carácter o que se pueden calificar como violaciones de derechos humanos, pero no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que puedan atribuirle el carácter ‘sistemático’, sin perjuicio que las investigaciones siguen abiertas», sostuvo.
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Según un informe entregado por el Ministerio Público, entre el 18 de octubre de 2018 y julio del presente año, se registraron 8.508 casos de violencia institucional (RUC). Además, 147 carabineros, militares y efectivos de la PDI fueron formalizados, de los cuales 45 fueron condenados.
Valencia especificó que, tras asumir el liderazgo de la Fiscalía Nacional, su instrucción fue «investigar con mayor celeridad» las causas relacionadas al estallido social y «concentrar en un sólo fiscal regional los delitos graves cometidos en contra de Carabineros».
Él fiscal nacional agregó que solicitó a la Unidad Especializada de Derechos Humanos «verificar que las investigaciones estén bien cerradas, es decir, que no hayan diligencias pendientes que hubieran debido realizarse conforme a las instrucciones generales y obligaciones internacionales».
