La batida anticorrupción se ha tomado la agenda del país y, las denuncias han comenzado a aparecer en distintos frentes. Esta vez, es el Hospital San José el que se encuentra en la mira de la fiscalía.
De acuerdo a denuncias de una ex funcionaria, estaríamos frente a un caso de presunta corrupción con dineros fiscales que podría superar, hasta ahora, los 5 mil millones de pesos. El Hospital San José , es el principal centro de atención pública dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte, a cargo de Juan Maas Vivanco.
Ya se han desplegado diversas diligencias tendientes a determinar si estamos o no frente a un caso penal. Al efecto, el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, ordenó a la PDI incautar computadores desde las unidades de Finanzas, Contabilidad y Jurídica de dicho centro asistencial, debido a las supuestas millonarias derivaciones de fondos destinados a personas con insuficiencia renal a una empresa donde participa Janet Espinoza, esposa del exdirector del hospital, Luis Escobar.
MILLONARIOS TRASPASOS
Los hechos -según da cuenta El Mostrador-, fueron denunciados por quien fuera la directora subrogante de ese centro asistencial, Cecilia López, quien estuvo en el cargo entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Dicha ex funcionaria, señaló al respecto: “yo iba a hacer un trabajo técnico por unos meses y lo menos que se pudo hacer fue un trabajo técnico, porque empezaron a aparecer irregularidades que tuvimos que denunciar”, dijo al medio.
Según los antecedentes contenidos en la denuncia, entre 2010 y al menos hasta 2021, el entonces director del hospital, Luis Escobar, derivó pacientes con insuficiencia renal a la empresa Nefrodiálisis, donde participa su esposa, Janet Figueroa Pérez, tal como revela la escritura de “saneamiento de modificación de sociedad”, fechada el 4 de julio de 2022 en la notaría Lascar. Solo estas derivaciones superarían los $ 4.500 millones.
La situación derivó en que el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, iniciara una investigación por el delito de malversación de caudales públicos. El caso también podría incluir, a medida que avancen las diligencias, el delito de fraude al fisco.
OTROS EVENTUALES IMPLICADOS
Entre los antecedentes recopilados, quien fuera la jefa jurídica del HSJ hasta hace unos meses, la abogada Elizabeth Donoso (hoy en comisión en el SSMN central), también habría prestado servicios a Nefrodiálisis por sumas millonarias .según la denuncia-, al menos desde 2019. El hecho habría quedado acreditado con boletas de honorarios encontradas por la Unidad de Tecnología del hospital, contenidas en el disco duro de su computador. En igual situación estaría el abogado Rodrigo Penroz Vergara, quien renunció a su cargo recientemente y cuyo PC también está en manos de la PDI.
De hecho, a través de una resolución exenta, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó la realización de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de Penroz y Donoso, en relación con Nefrodiálisis.
No es lo único que está bajo el manto de las sospechas. Se trata de una licitación por más de $500 millones para servicios dentales en el Hospital San José. El involucrado, según la CGR, es el dentista Jaime Acuña D’Avino –también contratado en el HSJ–, quien participó en la comisión evaluadora de un proceso de licitación que recayó en la empresa Acuña y González.
En esta última participa su socio, Ernesto González Susperreguy, y la escritura de la empresa que los incluye no ha sido revocada y está plenamente vigente, de acuerdo con el órgano contralor. Por esta situación, que implica al menos un conflicto de intereses, el HSJ ordenó una segunda indagatoria interna y los hechos se encuentran incluidos en la investigación del Ministerio Público.
MINISTERIO DE SALUD VALORA LA INVESTIGACIÓN
El fiscal Retamal, además, requirió información de 22 sociedades y siete personas respecto de las cuales el Hospital San José ha desembolsado dineros fiscales, da cuenta la denuncia. Antes de asumir como jefe del SSMN, Maas Vivanco actuó en calidad de fiscal administrativo y sancionó de manera pecuniaria la conducta funcionaria del doctor Luis Escobar, con 20% menos del sueldo. La resolución fue enviada para la toma de razón a la CGR, organismo que revocó parte de lo obrado, suspendió a Escobar y le formuló recientemente nueve cargos por “faltas graves a la probidad administrativa”.
Además de las constantes derivaciones a la empresa que comparte con su esposa, Luis Escobar contrató a dos parientes consanguíneos: una dentista y un sicólogo, sin informar a la autoridad del conflicto de intereses, detalla la Contraloría.
El Ministerio de Salud hizo señaló, a través de un comunicado público, que la cartera estaba en conocimiento de los hechos y valoró las acciones legales presentadas por el Hospital San José.
(Los hechos descritos e informados, son objeto de investigación y no constituyen a priori culpabilidad de las personas mencionadas, ello, hasta que eso sea determinado a firme por un tribunal)
