Nacional y economía

Funcionario PDI fue formalizado por abuso contra particulares. Lo acusan de amenazas y amedrantamiento

Santiago, Chile.

Fernando Moya L.

A pesar de que la fiscalía optó por no perseverar en la investigación, la presunta víctima se querelló y obtuvo la formalización del funcionario PDI
PDI foto referencial

Así lo dio a conocer  la abogada del afectado, que presentó una querella tras ser, presuntamente,  detenido injustamente. Le dijeron que «si no guardaba silencio, ‘iba a ser cargado'», aseguró.

PRESUNTO ROBO DE MADERA

Un funcionario de la PDI fue formalizado por delito de abuso contra particulares, por haber supuestamente amenazado y amedrentado a una persona tras un operativo policial en la Región del Biobío.

El hecho data de 2017, cuando la policía civil concurrió a un llamado por presunto robo de madera en la localidad de Colcura, en la comuna de Lota. Al llegar al lugar indicado, se encontraron con personas que señalaron estar trabajando y les mostraron contratos que acreditaban la prestación de servicios para la empresa Fepasa. Sin embargo, señala la querella, eso no fue suficiente y fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria, acusan.

Posteriormente la Fiscalía dijo que no iba a perseverar en la investigación y la víctima decidió querellarse. Tras ello, afirma que fue amedrentada por los funcionarios policiales involucrados.

«SI NO GUARDABA SILENCIO, IBA A SER ‘CARGADO'»

«Mi representado interpuso una querella criminal contra quien resulte responsable por abuso en contra de particulares, toda vez que en ese procedimiento fue amedrentado, amenazado y se le detuvo de manera irregular», explicó la abogada querellante, Karen Fernández.

«Lo amenazaron incluso de que si no guardaba silencio, ‘iba a ser cargado’, que es la jerga criminal que refiere a personas detenidas que van a ser imputadas por un delito del cual no han tenido participación. Ésa fue, principalmente, la amenaza que realizan funcionarios de la PDI», agregó la letrada.

La víctima, identificada como Julio Herrera, se manifestó conforme con la decisión del Juzgado de Garantía de Lota, que decretó la prohibición de acercarse a la víctima por parte de quien lideraba el operativo de la PDI. Asimismo, el Tribunal otorgó 60 días como plazo para la investigación.

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