Gobierno y Congreso fijan nueva agenda legislativa sobre seguridad
En el marco de la propuesta de avanzar en una nueva agenda actualizada en materia de seguridad, la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado y el gobierno, a través de sus ministerios del Interior y Secretaría general de la Presidencia, acordaron el listado de proyectos que serán priorizados en su tramitación.
Para el diseño de esta propuesta, que complementa lo ya avanzado en esta materia, se consideró, en primer lugar, los siete proyectos de ley que aún están pendientes del acuerdo anterior.
Ello se complementó con una propuesta que presentó el Senado, a la cual se sumaron varios proyectos impulsados por los distintos comités de la Cámara.
De esta manera se llegó a un total de 32 proyectos que se esperan tramitar en plazos que van desde un mes a un año máximo.
AGENDA LEGISLATIVA
Para sacar adelante la agenda legislativa en materia de seguridad, el Gobierno se reunió este lunes con las mesas del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados en el Palacio de La Moneda.
De este modo, ambos poderes del Estado concordaron priorizar una agenda de 32 proyectos de ley.
Diez de las iniciativas tendrán prioridad absoluta y dos serán despachadas en junio próximo: el que crea el Ministerio de Seguridad y el que busca reducir las tasas de reincidencia.
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Además, ocho proyectos serán despachados en septiembre: el que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, el que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, el que regula el uso de la fuerza (RUF) para el personal de orden y seguridad pública, el que refuerza las labores del municipio en seguridad y prevención del delito, el que crea la Defensoría de las Víctimas, el que fortalece el Ministerio Público, el que moderniza normas sobre violencia en los estadios y el que amplía el plazo de flagrancia para perseguir delitos.
Las restantes 22 iniciativas serán despachadas en un plazo de un año, divididas en tres tramos cronológicos: a diciembre de 2024, a marzo de 2025 y a mayo del próximo año. En este último grupo están la nueva Ley Antiterrorista, el que establece los criterios para la determinación de la infraestructura crítica, el que limita los funerales narco o de alto riesgo y el que crea la Fiscalía Supraterritorial.
