Durante esta jornada, la Contraloría General de la República (CGR), instruyó de manera categórica a todas las Contralorías regionales que congelaran cualquier toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y ONG’s con instituciones estatales.
La grave decisión fue informada, a través de correo electrónico, por el jefe de la Dirección Jurídica de la CGR, Camilo Mirosevic. La instrucción perentoria es genérica, por lo que afecta no solo a quienes han estado obteniendo tratos directos o tratos fraccionados para evitar licitaciones, que han sido cuestionados por presuntas corrupciones, sino que afectan a todas las operaciones, incluso, las de larga data y de claro contenido social.
El origen de tan drástica medida, está en el contexto de la polémica a partir del escándalo por las denuncias de corrupción de la Fundación Democracia Viva, caso que ya se encuentra en manos de la Fiscalía Regional de Antofagasta, la que abrió de oficio una investigación.
Ello, para investigar sobre los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con fundación representada legalmente por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
El contralor señaló al respecto, que «Es una decisión que se toma a nivel nacional respecto de aquellos actos que se tramitan por Contraloría». Ello implica que las cuestionadas «donaciones» o tratos directos, quedan fuera de la suspensión.
A partir de esta determinación perentoria, la Contraloría procederá a realizar una auditoría de esos contratos y verificar, además, cuál es la situación de todas las firmas que se ejecutaron entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo u otros Ministerios.
Lo anterior, específicamente, en convenios que superen las 5 mil UF que -por ley- es lo que se establece como índice para la toma de razón. Como se recordará, existen evidencias de pagos parcializados a una misma fundación, el mismo día o en muy corto plazo, por sumas menores con el objeto de burlar la norma.
