EEUU retiró la ciudadanía al militar (r) Pedro Barrientos, quien fuera condenado por el crimen del cantaautor chileno Víctor Jara, tras el golpe civil y militar en nuestro país.
Barrientos, huyendo de su horrendo crimen, llegó como turista en julio de 1990 a Estados Unidos y siete años después se casó con una norteamericana. En Chile se siguieron acciones en su contra por el crimen del cantante popular y en 2016 en EEUU fue hallado «responsable» (culpable) de la tortura y el asesinato de Víctor Jara.
LE QUITAN CIUDADANÍA
Un juez de EE.UU. despojó de la ciudadanía estadounidense al exteniente chileno Pedro Barrientos, quien en 2016 fue hallado «responsable» (culpable) en una corte de Florida de la tortura y el asesinato extrajudicial en 1973 del cantautor Víctor Jara en un caso civil.
Según los documentos judiciales, el juez Roy Dalton, del Distrito Central de Florida, despojó de la ciudadanía a Barrientos por su papel en la muerte del cantante folclórico.
«Se revoca la naturalización del demandado Pedro Pablo Barrientos y se cancela el Certificado de Naturalización (…) emitido al demandado, con vigencia a partir de la fecha original de su naturalización, 17 de diciembre de 2010», sentenció el juez Dalton.
ENGAÑO
Barrientos adquirió de forma ilegal la ciudadanía, según el fallo, porque, al haber cometido actos ilegales, prestado falso testimonio y participado en ejecuciones extrajudiciales, estaba invalidado para hacerlo, según el expediente judicial.
En 2016, un jurado de un tribunal federal en Orlando responsabilizó al exmilitar de la muerte de Jara tras una demanda presentada por la esposa del cantante, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda.
El jurado pidió en 2016 al exmilitar chileno el pago de una compensación millonaria por daños y perjuicios para la familia Jara.
ASESINO
Los hechos por los cuales se encuentra condenado en nuestro país y hasta ahora prófugo de un crimen de lesa humanidad, sucedieron en el Estadio Chile, convertido en un centro de detención y tortura al comienzo de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Se trata del asesino del cantautor chileno Víctor Jara. El coronel (r) del Ejército chileno vive en Estados Unidos y la justicia norteamericana decidió juzgarlo allá al prófugo criminal, pero en materia civil. La acusación es por tortura y ejecución extrajudicial del malogrado artista nacional. En su oportunidad, el juez Roy Dalton rechazó la solicitud de Barrientos que se opuso a la demanda que interpusieron Joan Jara, viuda del cantautor, y sus hijas Amanda y Manuela.
La familia de Jara contó con el apoyo de la ONG Centro de Justicia y Responsabilidad para demandar al presunto criminal al descubrirse que se encontraba en Florida, donde vive con ciudadanía estadounidense. La justicia chilena pidió sin éxito por ahora la extradición de Barrientos en 2013.
SUS CÓMPLICES LO ACUSAN
Declaraciones de otros implicados en el crimen sindican a Barrientos como el principal asesino de Jara. La Corte de estados Unidos de manera inexplicable no dio lugar a considerar el crimen como delito de lesa humanidad, lo que envalentonó a Barrientos quien ha solicitado la prescripción en ese caso.
Según los documentos judiciales, el exmilitar ingresó a Estados Unidos en julio de 1990 con una visa de visitante y siete años después se casó con una ciudadana estadounidense.
Barrientos contestó en los trámites migratorias, entre ellos los de residencia permanente y ciudadanía, que no había estado vinculado a ninguna organización política ni servicio militar. Igualmente negó que había participado en algún genocidio o el asesinato de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.
Esto último, fue lo considerado como la razón para quitarle la ciudadanía, la felonía. La demanda civil que dio origen a este proceso, fue presentada en 2013 por el Centro de Justicia y Responsabilida (CJA), con sede en San Francisco (EEUU), bajo la ley de protección de víctimas de tortura de 1991.
Ahora se abren las condiciones para que Barrientos sea extraditado a Chile, o, en su caso, se le aplique una medida administrativa de expulsión, lo que alimenta las esperanzas que pague sus delitos sin impunidad.
