La dificultad para acceder a una vivienda asequible se extiende por Europa, pero las respuestas de sus gobiernos siguen caminos diferentes. Regular los alquileres, construir más, frenar el uso turístico de los inmuebles y prevenir los desalojos son algunas de las estrategias que conviven en el continente.
El problema combina precios elevados con una oferta insuficiente, especialmente en las grandes ciudades. Según un reporte de France 24 que recoge antecedentes de EFE, Bruselas estima que la Unión Europea necesita construir más de dos millones de viviendas al año para atender la demanda actual.
LÍMITES A LAS RENTAS Y RECUPERACIÓN DE INMUEBLES
Alemania aplica desde 2015 un mecanismo que permite a los estados federados identificar zonas con presión inmobiliaria y limitar los nuevos contratos de alquiler a un máximo del 10% sobre la renta de referencia.
Ciudades como Berlín, Hamburgo y Colonia complementan esta regulación con restricciones a los alojamientos turísticos y medidas contra las viviendas vacías. En Múnich, las autoridades pueden revisar datos de consumo de agua y electricidad para detectar inmuebles desocupados.
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Francia también interviene sobre los precios. París y Lyon fijan límites según la superficie y las características de las viviendas.
En Austria, un mecanismo de contención restringe las alzas de determinados alquileres regulados al 1% en 2026 y al 2% en 2027. Para el mercado libre, los incrementos solo pueden aplicarse una vez al año.
Otros países priorizan herramientas distintas. Polonia permite a los propietarios fijar las rentas, aunque exige comunicar cualquier aumento con tres meses de anticipación. Italia, en tanto, busca ampliar la oferta asequible mediante el Plan Casa Italia, que contempla recuperar unos 60.000 inmuebles públicos o concertados durante la próxima década.
LA PROTECCIÓN FRENTE AL DESALOJO DIVIDE LAS RESPUESTAS
Las diferencias también aparecen cuando los hogares dejan de pagar el alquiler.
Francia mantiene una tregua invernal que impide ejecutar determinados desalojos entre noviembre y marzo. Polonia y las regiones belgas de Bruselas y Valonia cuentan con mecanismos similares.
Portugal impulsa una reforma para agilizar la recuperación de viviendas. La propuesta del Gobierno de Luís Montenegro permitiría iniciar ese procedimiento cuando el arrendatario acumule dos meses de impago, frente a los tres contemplados actualmente.
Grecia también aceleró sus procedimientos. Desde mayo, su legislación permite tramitar con mayor rapidez los desalojos por falta de pago, con el objetivo de completar el proceso en un máximo de seis meses.
Finlandia apuesta por ayudas para los hogares de bajos ingresos, que pueden solicitar asistencia urgente para cubrir deudas de alquiler y evitar que el conflicto llegue a los tribunales.
Austria dispone de un programa de prevención dirigido especialmente a personas vulnerables. Aprobado en 2022 y extendido hasta 2029, ha permitido evitar más de 42.000 desalojos, de acuerdo con los antecedentes recogidos por EFE.
EL ALQUILER TURÍSTICO SUMA PRESIÓN
El uso de viviendas como alojamientos de corta duración constituye otro frente de intervención.
Francia permite a los municipios limitar la cantidad de inmuebles turísticos y reducir a 90 días anuales el período en que una residencia habitual puede destinarse a esa actividad.
En Finlandia, las comunidades de propietarios pueden prohibir determinados alojamientos turísticos y asumir temporalmente el control de un inmueble cuando su utilización resulte especialmente perjudicial para los vecinos.
Países Bajos exige desde 2021 un registro para estas viviendas. Algunas ciudades restringen su uso turístico a 30 días al año y los municipios pueden impedir durante cuatro años que inversores destinen al alquiler ciertos inmuebles recién comprados.
Estas políticas acompañan el crecimiento del sector. Según los datos citados en el reporte, las reservas de alojamientos de corta duración en plataformas como Airbnb y Booking aumentaron un 28% en el verano de 2025 respecto de 2023.
BRUSELAS BUSCA AMPLIAR LAS HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN
Aunque las principales competencias siguen en manos de cada Estado, la Unión Europea ha comenzado a intervenir en la discusión.
Según el artículo, la Comisión Europea presentó en septiembre una propuesta de Ley de Vivienda Asequible que permitiría restringir determinados usos turísticos y la compra de inmuebles que no se destinen a residencia habitual en zonas con fuerte presión inmobiliaria.
El debate reúne dos desafíos: aumentar la disponibilidad de viviendas y proteger a quienes enfrentan dificultades para pagarlas. Los gobiernos europeos combinan esas prioridades de manera distinta, con medidas que van desde los controles de renta y las ayudas sociales hasta la construcción, la recuperación de inmuebles y los desalojos más rápidos.
🔴 La presidenta @IdiazAyuso anuncia dos nuevas rebajas de impuestos para facilitar la compra de viviendas a jóvenes menores de 40 años con un ahorro de 116 millones de euros.
👉 Ambas medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027 y se reflejarán en los #PresupuestosCMadrid2027.
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— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 5, 2026
