Un grupo de 63 dirigentes y referentes políticos de centroizquierda realizó un potente llamado a través de una carta abierta Existe una alternativa, que propone un nuevo Compromiso Histórico para Chile. La iniciativa reúne a representantes de tradiciones socialistas, socialdemócratas, humanistas cristianas, liberales, regionalistas e independientes. Su propósito declarado es construir un proyecto democrático capaz de recuperar el crecimiento económico, fortalecer las instituciones y responder a las necesidades ciudadanas.
Entre los firmantes figuran Isabel Allende, Sergio Bitar, José Miguel Insulza, Mario Marcel, Andrés Velasco, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, Myriam Verdugo. También suscriben el documento dirigentes de generaciones más recientes, entre ellos Alejandra Krauss, Víctor Maldonado, Vlado Mirosevic, Jaime Mulet y Víctor Torres. La convocatoria reúne trayectorias políticas distintas, pero sus autores plantean una identidad democrática, humanista y reformista compartida.
La declaración reconoce que Chile atraviesa una etapa que exige revisar estrategias, renovar ideas y recuperar la capacidad de construir acuerdos. Sus autores cuestionan tanto la polarización como la insuficiencia del crecimiento económico y la desafección ciudadana con las instituciones. Advierten que estas condiciones han abierto espacios para el populismo y las tendencias autoritarias.
Una alternativa sin nueva coalición electoral
La carta establece desde sus primeras páginas que sus promotores no buscan organizar inmediatamente una nueva alianza política. Su objetivo consiste en generar un espacio de reflexión y propuestas que permita construir acuerdos para el país. La distinción resulta relevante porque sitúa la convocatoria en un horizonte más amplio que las próximas disputas electorales. «No venimos a fundar una nueva coalición electoral ni a anticipar una alianza de gobierno».
Los firmantes explican que aspiran a construir una comunidad capaz de generar ideas, propuestas y acuerdos para el Chile del siglo XXI. También llaman a revisar las certezas que han orientado a sus respectivas tradiciones durante décadas. Consideran que las antiguas categorías políticas ya no permiten comprender suficientemente las transformaciones de la sociedad chilena.
La declaración incorpora una evaluación crítica de la última década política. «Durante la última década hicimos reformas y contrarreformas, cambiamos leyes e incluso intentamos cambiar la Constitución«, recuerda. Sin embargo, sus autores reconocen que esas iniciativas no resolvieron la necesidad de una conducción capaz de asegurar desarrollo y bienestar sin exclusiones.
Recuperar la tradición de los grandes acuerdos
El documento reivindica la experiencia histórica de convergencia entre fuerzas democráticas que contribuyeron a recuperar la democracia. Sus autores destacan que aquella colaboración permitió impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza, fortalecer las instituciones y ampliar derechos. No obstante, advierten que el nuevo contexto exige respuestas diferentes a las del pasado. «No se trata de reconstruir antiguas fórmulas políticas ni de administrar los logros del pasado».
La propuesta convoca a reencontrar las tradiciones liberal, socialista histórica, socialdemócrata y humanista cristiana, incorporando también nuevas expresiones regionalistas y verdes. Sus promotores consideran que esas corrientes comparten valores fundamentales, aunque mantienen identidades y diferencias propias. Por ello, llaman a construir una síntesis democrática que permita recuperar mayorías sociales y políticas.
La carta identifica como propósito un Chile desarrollado, libre, seguro, sustentable, descentralizado y socialmente cohesionado. Para alcanzarlo, plantea avanzar hacia un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. También reconoce puntos de encuentro entre las concepciones de Estado de Bienestar, Sociedad de Bienestar y Economía Social de Mercado.
Democracia sin justificaciones para las dictaduras
Una de las definiciones más explícitas del documento aborda la defensa de la democracia y el rechazo de los autoritarismos. Los firmantes sostienen que las elecciones, la libertad de prensa y la existencia de una oposición libre constituyen condiciones indispensables. Su declaración no limita ese criterio a una determinada orientación ideológica. «Creemos en la democracia, sin apellidos; una democracia que tiene un valor en sí misma».
A continuación, los suscriptores califican expresamente como dictaduras al régimen de Pinochet y a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba. También incluyen al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador dentro de esa caracterización. Se trata de una definición política de los firmantes, formulada sin excepciones basadas en afinidades ideológicas.
El documento también rechaza la violencia política y cualquier justificación de su ejercicio. Sus autores defienden el pluralismo, la libertad y el respeto a quienes sostienen posiciones diferentes. «Sin tolerancia no hay comunidad política, y sin comunidad política no hay democracia«, afirman.
Estado y mercado como socios del desarrollo
En materia económica, la declaración propone superar la confrontación entre quienes atribuyen todas las soluciones al Estado y quienes las entregan exclusivamente al mercado. Sus autores defienden una estrategia nacional de desarrollo que combine crecimiento económico, distribución y colaboración público-privada. También consideran indispensable fortalecer la autonomía del país frente al nuevo escenario geopolítico internacional. «Ni el Estado lo controla todo ni el mercado lo resuelve todo. Hay que crecer y distribuir, a la vez».
Los firmantes proponen una nueva asociación entre el sector público y el privado para impulsar el desarrollo nacional. Su planteamiento incorpora una dimensión territorial, mediante regiones con mayores capacidades, municipios fortalecidos y economías locales dinámicas. La descentralización aparece así vinculada tanto al crecimiento económico como a una mayor participación de las comunidades.
La carta también cuestiona las transformaciones políticas basadas en refundaciones y mayorías circunstanciales. Sus autores defienden cambios profundos, graduales y construidos mediante acuerdos amplios. Consideran que esa fórmula ofrece mejores condiciones para sostener las reformas a través del tiempo.
Seguridad como derecho social fundamental
La seguridad ocupa un lugar explícito dentro de los principios compartidos por los firmantes. La declaración la considera indispensable para la convivencia, el ejercicio de los derechos y el desarrollo económico. También sostiene que el Estado debe conservar el monopolio legítimo del uso de la fuerza. «La seguridad es un derecho social elemental. La seguridad es una condición para el progreso».
Los suscriptores afirman que sin seguridad resulta inviable cualquier política de desarrollo destinada a garantizar derechos sociales. Asimismo, rechazan los intentos de privatizar el monopolio legítimo de la fuerza. Esta definición incorpora la seguridad al debate sobre bienestar y justicia social, en lugar de tratarla como una materia exclusivamente policial.
El documento también aborda el cambio climático, la inteligencia artificial, la automatización, las pensiones, la salud y el futuro de los jóvenes. Sus autores sostienen que esas transformaciones deben evaluarse desde sus efectos sobre las personas. «Recuperar el valor de la persona es la cuestión social de nuestro tiempo«, señalan.
Una invitación que incluye a la derecha democrática
El último apartado amplía expresamente el alcance de la convocatoria más allá de quienes comparten las tradiciones políticas de los firmantes. La carta plantea que Chile necesita recuperar el diálogo entre sectores diferentes para construir acuerdos duraderos. También vincula esa tarea con el respeto universal a los derechos humanos y el rechazo de la violencia. «Creemos indispensable iniciar desde ya un nuevo diálogo con la derecha democrática».
Los promotores sostienen que la invitación también alcanza a quienes mantienen posiciones distintas y a quienes todavía no encuentran representación política. Su objetivo declarado consiste en superar las trincheras ideológicas sin exigir que los participantes renuncien a sus convicciones. La iniciativa propone, por tanto, una conversación nacional que no se agote en las fronteras tradicionales de la centroizquierda.
La declaración concluye con un llamado a construir un nuevo Compromiso Histórico frente al individualismo y la polarización. Sus autores todavía deberán traducir sus principios en propuestas concretas y mecanismos de trabajo. Por ahora, los 63 firmantes han establecido una plataforma común que busca abrir una nueva etapa de diálogo político.
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