Estados Unidos prepara una nueva fase de su campaña militar contra el narcotráfico en América Latina. Después de ejecutar más de 60 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, el gobierno de Donald Trump busca trasladar las operaciones a tierra firme con el apoyo de países aliados.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció durante una visita a Panamá que Washington trabaja con Colombia, Guatemala y Honduras para realizar acciones militares conjuntas contra organizaciones criminales. Ecuador ya desarrolla este tipo de misiones junto con fuerzas estadounidenses desde marzo.
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“Será como lo que vieron con los ataques a las lanchas de narcotraficantes: el mismo efecto en tierra”, afirmó Hegseth durante un ejercicio militar realizado en la selva panameña. El jefe del Pentágono aseguró que Estados Unidos considera objetivos a quienes trafiquen drogas o amenacen a sus ciudadanos y socios.
GUATEMALA NIEGA HABER AUTORIZADO OPERACIONES
El anuncio abrió inmediatamente una controversia diplomática. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, negó que su gobierno haya autorizado operaciones militares estadounidenses en territorio nacional y advirtió que cualquier acuerdo de esa naturaleza necesitaría la aprobación del Congreso.
Colombia, Honduras y Ecuador no entregaron una respuesta oficial sobre los alcances de las declaraciones de Hegseth, según informó Associated Press.
En el caso colombiano, el secretario de Defensa planteó que las fuerzas estadounidenses podrían intervenir en acciones contra grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hegseth afirmó que el presidente Abelardo de la Espriella solicitó una participación más activa de Washington en la lucha contra esas organizaciones.
México, en cambio, mantiene distancia de la estrategia. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha reforzado la cooperación bilateral en seguridad, rechazó permitir una intervención militar estadounidense contra los cárteles dentro de su territorio.
UNA CAMPAÑA CUESTIONADA POR SU LEGALIDAD
Desde el inicio de los ataques contra embarcaciones, las fuerzas estadounidenses han matado a más de 200 personas. Washington sostiene que los objetivos transportaban drogas y pertenecían a grupos “narcoterroristas”, pero ha entregado escasas pruebas públicas para respaldar esas acusaciones.
La administración Trump también designó a 20 organizaciones criminales latinoamericanas como grupos terroristas extranjeros y reforzó la participación de sus agencias de inteligencia en acciones contra laboratorios de drogas.
Expertos advierten que las operaciones terrestres representarían un cambio significativo respecto de la tradicional cooperación basada en entrenamiento, inteligencia y entrega de armamento. Además, podrían profundizar las tensiones históricas que genera la presencia de tropas estadounidenses en la región.
RIESGOS PARA CIVILES Y SOBERANÍA
Las principales preocupaciones apuntan a las posibles víctimas civiles, especialmente en territorios donde los grupos armados conviven con comunidades y ejercen control sobre zonas alejadas del Estado.
Especialistas también sostienen que los bombardeos podrían obligar a las organizaciones criminales y guerrilleras a abandonar sus campamentos para instalarse en ciudades y poblados, dificultando todavía más su identificación.
La expansión militar pondrá a prueba el respaldo ciudadano que poseen los gobiernos latinoamericanos dispuestos a colaborar con Trump. Aunque la demanda de mayor seguridad favorece políticas más duras contra el crimen, la presencia de fuerzas extranjeras podría provocar resistencia si la población considera que sus países están entregando parte de su soberanía.
Después de matar a cientos de personas en ataques a supuestos narcobotes, EE.UU. apunta a operativos terrestres en América Latina https://t.co/Eplc4B6AhH
— CNN en Español (@CNNEE) August 17, 2026
